Convocan a acto de resistencia pacífica para el 29 de junio, en el inicio de las diligencias.
Integrantes de la Cooperativa Palo Alto, reconocida a nivel nacional e internacional por su modelo de gestión social del hábitat, acusaron al “Cartel Inmobiliario” y al Poder Judicial de la Federación de estar detrás de un proceso de liquidación que mañana inicia diligencias.
Ante ello, convocaron a un acto de resistencia pacífica el 29 de junio a las 10 horas en la sede de la cooperativa, ubicada en el kilómetro 14.5 de la Carretera México-Toluca, pues se tiene contemplada una diligencia de inspección de las viviendas y bienes comunes, así como la entrega en posesión material y jurídica de la tortillería, un local comercial y el centro de distribución de canasta básica (Liconsa) a una comisión liquidadora para facilitar su venta.
La diligencia fue ordenada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, cuyo titular, Alejandro Dzib Sotelo, solicitó la intervención de al menos 50 elementos de la Guardia Nacional ante cualquier manifestación de socios y familias.
Comisión liquidadora busca cobrar 170 millones por honorarios
La comisión liquidadora está integrada por cuatro personas: Claudio Mesa García, María Hortencia Palma Velázquez, Efrén Amador Aranda y Fausto Castro Cortés (las últimas tres externas a la cooperativa), nombrada por un grupo minorista de 42 personas socias que pretenden lograr la liquidación de sus predios, en oposición al interés de la mayoría, 163 asociadas.
En una convocatoria publicada por Palo Alto se señala que la propuesta presentada al Juzgado por la comisión liquidadora, plantea el pago de cerca de 170 millones de pesos a dicha comisión por concepto de honorarios por la venta total del inmueble.
Fuentes consultadas por La Coperacha señalaron que dicha comisión pretende dividir a la cooperativa pues ha valuado los departamentos, las casas y los lotes en cifras millonarias, monto que los habitantes no podrían pagar, sin embargo ya cuentan con un comprador.
La cooperativa tiene 49 años, está ubicada en el corazón de los desarrollos inmobiliarios y empresariales más grande de la Ciudad de México, Santa Fe. Desde su origen posee una escritura colectiva decidida así en asamblea para blindarse de procesos de privatización.
El actual proceso de liquidación ha sido promovido por un grupo que ha buscado desde los años 90 la escrituración individual y ha generado un conflicto social y división en la cooperativa ante las ofertas de los desarrolladores de la zona, narran vecinos de Palo Alto.
La exigencia de las 163 personas socias de Palo Alto es que el Juzgado Quinto frene el proceso de venta total del inmueble, sus casas, departamentos, lotes y áreas comunes, pues “acabar con Palo Alto es terminar con un proyecto social de trascendencia internacional y un modelo de solución a problemas de vivienda y económicos”, explican.
Antecedentes del juez
“Algo extraño ocurrió en el Juzgado”, dice una socia consultada por La Coperacha, pues previo a la orden del inicio de diligencias, un Juzgado Colegiado había rechazado la propuesta de venta total del inmueble como forma de liquidación de los demandantes. El Juzgado Quinto cambió esa decisión.
El Alejandro Dzib Sotelo, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, ha sido señalado por sus sentencias controvertidas como ordenar a Pemex cumplir forzosamente contratos de arrendamientos con plataformas privadas; o formar parte de una red de tráfico de influencias y delitos de extorsión en torno a la gestión de “Billy” Álvarez en la cooperativa La Cruz Azul.
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