Colaboración: Enrique Ortiz Flores*
A casi cincuenta años de su fundación, la Cooperativa de Vivienda Unión Palo
Alto, símbolo y ejemplo de la lucha de los sectores populares por el derecho a la ciudad, enfrenta un proceso judicial de liquidación que pone en riesgo su
permanencia en una de las zonas urbanas más ricas y codiciadas de la Ciudad
de México.
Larga y ejemplar historia
Historia de más de 80 años, rememorada así por dos de sus socias:
“Nuestros padres eran trabajadores, muchos venían de los estados, principalmente de Michoacán y aquí rentaban pedacitos de tierra para sus familias. Vivíamos sin agua, sin luz ni otros derechos; teníamos una escasa alimentación, las casas eran chocitas. Cuando el dueño decidió cerrar la mina le pidieron que se las vendiera para construir sus casas, pero él dijo que la tierra solo era para ricos”.
El cierre de la mina, por la expansión de una de las zonas residenciales y de negocios más ricas de la ciudad, y los intereses inmobiliarios y del propietario los pusieron en riesgo de ser desalojados.
“Nosotras éramos jóvenes inquietas que nos reuníamos por convocatoria de una monja, en los grupos de la iglesia; creemos que allí surgió la organización, cuando llegó el profesor Rodolfo Escamilla de parte del Secretariado Social Mexicano”.
Su labor, en conjunto con dos jóvenes trabajadoras sociales, fortaleció la conciencia de la comunidad sobre su derecho a permanecer en el lugar que habitaban y sobre la necesidad de organizarse y de actuar para hacerlo efectivo.
Plantearon desde el inicio, que todas sus decisiones serían tomadas por la asamblea, sin liderazgos individuales, sería la acción solidaria y conjunta de todos y de forma muy destacada de las mujeres.
“Sin menospreciar el trabajo de los compañeros, la cooperativa está hecha por las mujeres; (…) tuvimos que entrarle con el dinero, la casa, además de luchar con el machismo atroz (…) aprendimos que la lucha está aquí, en nuestra tierra, en medio de un sistema que hace la guerra contra los pobres (…) aprendimos a vencer el pensamiento individual y a generar nuestra administración y autogestión”.
Con el apoyo de un grupo auxiliar de vecinos de Las Lomas, entraron en contacto con instancias del gobierno que, después de desgastantes gestiones y presiones, definieron un área de 4.6 hectáreas para la vivienda y los servicios y equipamientos que les garantizaran una vida digna. Decidieron organizarse en cooperativa como instrumento legal y operativo de la Asamblea e invitaron a COPEVI, primer organismo civil operando en temas habitacionales, como asesor técnico en el diseño y construcción de su conjunto.
Por las fuertes presiones de los intereses inmobiliarios era estratégico consolidar a la brevedad posible, mediante construcciones sólidas y definitivas, la ocupación del terreno.
Ante la imposibilidad de obtener financiamiento público, se gestionó y obtuvo un apoyo solidario para materiales de construcción y se optó, por decisión de asamblea, por diseñar y construir un proyecto prototipo de vivienda que mostrara la unidad interna y permitiera la consolidación paulatina del conjunto y condiciones adecuadas de habitabilidad desde el inicio.
El trabajo voluntario de los pobladores, sus ahorros y cuotas, su organización y la solidaridad externa que lograron integrar, fueron clave tanto en la autoproducción de sus viviendas como en la posterior gestión e introducción de los servicios y equipamientos con los hoy que cuenta.
Convergencia y contradicciones
Convergen en este proceso, la experiencia de las cooperativas uruguayas por ayuda mutua y su forma de propiedad que saca al suelo del mercado, impide la especulación y da a los socios el derecho de heredar el uso de la vivienda que ocupan, todo ello con el objetivo de hacer efectivo el valor de uso frente al de cambio que está atrás de la segregación urbana y del despojo. Forma colectiva de propiedad que, además, impide a los socios lucrar con el trabajo y las aportaciones solidarias de sus compañeros.
Son reglas básicas acordadas por los socios, que deben ser respetadas para mantener la unidad y el sentido solidario y transformador de las cooperativas de vivienda.
La disidencia de 42 familias interesadas en individualizar la propiedad, llevó a su expulsión y a que éstas promovieran un juicio de liquidación de la cooperativa para recuperar lo que en justicia pudiera corresponderles, pero, por encima de ello, para lucrar en el mercado inmobiliario que opera en la zona.
Este claro propósito y el rompimiento de las reglas de convivencia que ellos aceptaron como integrantes de la cooperativa, son razón suficiente para cuestionar un proceso de liquidación que ignora la voluntad mayoritaria y el profundo contenido social y simbólico de esta experiencia.
Isla Mala, la primera cooperativa de vivienda por ayuda mutua en Uruguay, y Palo Alto, son pioneras en nuestros respectivos países de esta forma de producción y casos paradigmáticos “reconocidos internacionalmente” de la lucha de los sectores populares por hacer efectivo su derecho a una ciudad convivencial y para todos.
Llama la atención que mientras Isla Mala en Uruguay es galardonada por su gobierno al incluirla en la lista de Bienes Patrimoniales de la Nación, en México, Palo Alto enfrenta un proceso de liquidación que pone en riesgo de extinción un proyecto exitoso y profundamente transformador, realizado por un colectivo que, como dirían sus abuelos, ha puesto en él tanto esfuerzo, sudor y lágrimas. Pero no solo eso, sino lo que es más importante, su profunda conciencia ciudadana, su energía creadora y la alegría que surge de sus logros, de la convivencia en comunidad, del crecimiento personal y de haber dado a sus hijos condiciones de vida digna.
Sin negar que en este largo proceso se dieron errores en torno al cumplimiento de exigencias regulatorias, que dieron pie a la cancelación de su registro en 1994, el proceso de su liquidación iniciada en 2002, muestra una serie de irregularidades que culminan con un proyecto presentado por los liquidadores y aceptado este año por el juez, que puede llevar a forzar la venta total del conjunto a los promotores inmobiliarios atrás de este proceso.
Ello debido en gran parte a la falta de una legislación específica que incluya, regule, fomente y proteja la cooperativa de vivienda en sus diversas modalidades.
Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva o de usuarios, operan desde una lógica diferente a la que rige la producción mercantil de vivienda, lógica que responde a la establecida en la Ley de Vivienda dentro del concepto de Producción Social de Vivienda.
Artículo 4-X.
“(…) aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro (…), incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil.”
Referente estratégico
Palo Alto ha sido referente y apoyo de diversas iniciativas sociales de procesos significativos de incidencia en políticas públicas y ha trascendido nuestras fronteras donde es ampliamente reconocido y parte activa de diversos procesos en marcha.
Como experiencia social y autoorganizada ha contribuido a abrir conciencias y a experimentar y compartir nuevos caminos que contribuyen a fortalecer la participación ciudadana, activa y responsable y con ello el tejido social hoy tan dañado; a promover la función social de la ciudad del suelo y de la propiedad y la importancia de hacer efectivos los derechos humanos vinculados al hábitat y abrir alternativas viables frente a la justicia espacial que hoy prevalece. En síntesis, a mostrar que es posible rescatar el sentido profundo de hacer ciudad.
*Enrique Ortiz Flores, arquitecto por la UNAM, ex director de COPEVI, integrante de la Coalición Internacional para el Hábitat, que agrupa a cerca de 400 organizaciones sociales, civiles y académicas de más de cien países.
Notas relacionadas:
Cooperativa Palo Alto acusa al Cartel Inmobiliario y Poder Judicial ante proceso de liquidación
