Reformas convertirían a cooperativas de ahorro en brazo financiero del sector social: Rafael Martínez Ponce.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 23 de enero de 2014
Las cooperativas de ahorro y préstamo fueron excluidas de las propuestas de reforma hacendaria y fianciera presentadas en 2013 por el Ejecutivo Federal y aprobadas fast track, a pesar de haber trabajado su propuesta legislativa en tiempo y forma.
El día de ayer en conferencia de prensa en el Senado, Rafael Martínez Ponce, presidente de Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), junto al senador Benjamín Robles, anunciaron que las propuestas cooperativistas serán atendidas en el próximo periodo legislativo que inicia el 17 de febrero.
En entrevista con La Coperacha, Martínez Ponce, explicó que muchos de los problemas que se tienen actualmente con las cooperativas de ahorro de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, se deben a que no existe un andamiaje jurídico acorde al sector social.
¿Cuál es el planteamiento que hacen las cooperativas al Senado?
“Estamos pidiendo que el Senado y Hacienda cumplan su palabra, que se sumen a las reformas hacendarias y financieras las propuestas que el sector presentó, lejos de estar en contra de estas reformas lo que estamos diciendo es que las tenemos que complementar.
“Cuando se aprobó la reforma hacendaria y la reforma financiera hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas del poder legislativo y del ejecutivo (en este caso la SHCP) de que en las reformas hacendarias y financieras no fuimos tomados en cuenta pero que era necesario que esas reformas avanzaran, y había el compromiso de que en este periodo legislativo se hicieran las reformas que el sector social requiere.
“Planteamos que se aterricen 13 reformas, 13 leyes que complementarían esas reformas financieras y hacendarias pero que le darían certeza al sector de ahorro y préstamo como el brazo financiero del sector social”, agregó.
Mejor a los bancos que a las cooperativas
El representante de Alcona, que agrupa a más de 80 cooperativas en todo el país, denunció que la legislación actual no sólo es costosa para las cooperativas, sino que se dan cuenta que a quien poya es a los bancos.
“El traje que se les está poniendo a las cooperativas es sumamente costoso, altamente regulatorio y el colmo de todo, nos damos cuenta de que a los bancos se les sigue apoyando con dinero. Nuevamente volvió a salir un presupuesto para el IPAB con la denominación de apoyo a deudores de la banca que muchos se van con la finta que es un apoyo a gente que no le puede pagar al banco pero en realidad esto va para apoyar a los bancos”.
A los bancos, agregó Martínez Ponce, “se les ha apoyado desde hace años con más de 460 mil millones de pesos y para el caso de ahorro y préstamo no se aprobó ni un peso partido por la mitad ni para la ayuda de supervisión ni para su fideicomiso que la ley LRASCAP obliga a la SHCP en sus artículos 42, 44 y 56, entonces al parecer el sector social es el sector fuerte y los que estarían en desventaja son los bancos”.
El caso Oaxaca
Sobre el caso Oaxaca, el integrante de Alcona dice estar a favor de que se resuelva el problema de los ahorradores pero también que se vaya al fondo del asunto y que se resuelva con las reformas legislativas.
“Lo que sucedió en Oaxaca es el coletazo de una ley anterior, que no tiene nada que ver con la nueva, son las consecuencias de una irresponsable política pública que trató de juntar sociedades anónimas con el sector social cuando es necesario que se haga un tratamiento diferenciado, marcos jurídicos diferenciados”, planteó Martínez Ponce.
Martínez Ponce agregó que la Ley de Ahorro y Crédito Popular “se implementó como una norma de querer bancarizar a las cooperativas, permitió que se prostituyera el término de cooperativas pero por otro lado sociedades anónimas se ostentaron como parte del sector de ahorro y crédito popular y en un negocio altamente lucrativo y especulativo se dieron estas situaciones”.
El caso de Oaxaca fue derivado del quebranto de una sociedad anónima que bajo la figura de una financiera (Cofía) contaminó el sector de finanzas sociales y provocó una salida masiva de ahorros que desestabilizó al Estado, continuó.
“Sería una incongruencia de parte del FUADO no reconocer que se necesita la reforma financiera para darle certeza a los ahorradores. Estamos reconociendo que hay un problema y que hay que ayudar al ahorrador pero el problema es hacer la reforma”, puntualizó.
