Ambientalistas destacan alternativas agroecológicas al herbicida.
Greenpeace publica el informe Agricultura sin glifosato. Alternativas para una transición agroecológica que afirma que el decreto presidencial, que prohíbe el glifosato y el maíz transgénico hacia 2024, es legal “al ser congruente con el marco jurídico nacional e internacional” que refieren protección del ambiente.
La investigación, además de analizar desde las perspectivas jurídica el decreto, incorpora el enfoque técnico que permite “vislumbrar alternativas agroecológicas para la sustitución del glifosato con miras hacia la transición agroecológica”.
Agricultura sin glifosato desde la perspectiva jurídica.
En el análisis jurídico, Greenpeace esclarece el entramado de instrumentos normativos de diferente naturaleza para después emitir observaciones sobre la legalidad del decreto, y evaluar las posibilidades de su defensa ante instancias judiciales nacionales e internacionales.
La organización ambientalista señala la importancia de que en los tribunales se invoque el principio de precaución ya que “no solo es de naturaleza convencional, sino de derecho consuetudinario, plenamente obligatorio su respeto para los tribunales mexicanos”.
Añade que como las normas del derecho ambiental son derechos humanos, protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966, resguarda derechos que tienen que ver con el medio ambiente, la salud, la alimentación y el agua. Por lo cual, el decreto es “totalmente constitucional y armónico con el derecho internacional”.
El informe con la visión técnica
Desde la perspectiva técnica y en relación a las alternativas agroecológicas para la sustitución del glifosato se aborda el manejo integrado de arvenses (plantas que son parte de agroecosistemas) que contempla diferentes prácticas físicas, mecánicas, químicas, biológicas y culturales para mantenerlas en niveles aceptables en los cultivos.
El glifosato se encuentra entre los productos de síntesis química que más se utiliza, principalmente como herbicida. Su uso genera impactos en la dinámica biológica y de los ciclos bioquímicos en los agroecosistemas, contribuye a la pérdida de la fertilidad del suelo, causa daños en la salud de los ecosistemas y de las personas, tanto de quienes los aplican como de quienes consumen los alimentos tratados con estos productos.
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