Protestas contra iniciativas para gravar herencias y plusvalía detonaron la convocatoria a consultas por el Buen Vivir
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 15 de julio de 2015
El pasado 16 de junio, ante las protestas en las principales ciudades de Ecuador como Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, por opositores a los proyectos de ley para imponer nuevos impuestos a las herencias y a la plusvalía, el presidente Rafael Correa retiró las iniciativas y convocó a un Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia Social.
Los inconformes, en manifestaciones convocadas por organizaciones como Movimiento Creando Oportunidades (CREO) y Compromiso Ecuador, han asegurado que las iniciativas constituyen un ataque a la familia ecuatoriana y a la democracia. Guillermo Lasso, líder de CREO, arengaba en Guayaquil: “Todos los ecuatorianos deben conservar su derecho a prosperar, no que su trabajo pase al Estado Correísta”.
Las protestas también recuperan inconformidades de pensionados con la retención o la afectación de sus jubilaciones, de maestros por la administración de fondos de cesantía, y por disposiciones que limitan las utilidades de trabajadores privados. Aseguran que el 72% de la población rechaza esas medidas, y que no están de acuerdo con la pretensión de otra reelección de Correa.
Por su parte, el Presidente ha insistido en que el eventual incremento de impuestos a la herencia y la plusvalía permitirían lograr una mejor distribución de las riquezas y frenar la especulación de la tierra, y afectarían sólo al dos por ciento de los ecuatorianos más ricos.
En Ecuador los impuestos ya representan más del 50% del presupuesto estatal, lo que ha permitido reducir paulatinamente la dependencia del petróleo y cuadruplicar la inversión por habitante en servicios sociales. En 2006 ésta era de 144 dólares y en 2014 llegó a 501 dólares. El año pasado el presupuesto para el sector social fue de 8 mil 22 millones de dólares, invertidos en salud, educación, vivienda, inclusión económica y social, deportes y movilidad humana.
Diálogo sustentado en el Sumak Kawsay (Buen Vivir)
La Secretaría Nacional de Planeación y Desarrollo (Senplades) será la entidad encargada de instrumentar este diálogo por parte del gobierno y ha iniciado el acercamiento con los empresarios, representantes de la Economía Popular y Solidaria (EPS), indígenas, trabajadores, juntas parroquiales rurales, entre otros sectores y organizaciones.
Se realizarán aproximadamente cuatro diálogos por cada sector de coordinación del gobierno: Desarrollo Social, Política Económica, Producción, Empleo y Competitividad, Sectores Estratégicos, Seguridad y Conocimiento, completando entre 25 y 30 diálogos en una primera etapa que concluirá hacia el 30 de agosto. Para el 90% de los ecuatorianos que no están agremiados y no pertenece a ningún movimiento ni organización se propone activar una plataforma virtual, donde la ciudadanía pueda expresarse libremente.
Durante septiembre Senplades y los ministerios coordinadores sistematizarán los diálogos en propuestas de política pública, regulaciones y leyes, para arribar al tercer momento, cuando el Presidente presentará una gran agenda de política pública y regulatoria sobre los temas de equidad y justicia social, a partir de los acuerdos alcanzados con la ciudadanía y los sectores productivos.
El titular de Senplades, Pabel Muñoz, señaló que el diálogo nacional es un mecanismo para la construcción del poder popular y la participación reflexiva de los distintos sectores del país, a fin de “establecer pactos por un Ecuador con equidad y justicia social”, en el marco del Sumak Kawsay (Buen Vivir), principio indígena centrado en el ser humano como parte del entorno natural y social reconocido en la Constitución del país.
Muñoz indicó que con los diálogos se abren espacios de debate para aportar soluciones a la concentración de la riqueza, pues “más allá de los impugnados proyectos sobre herencias y plusvalía, los encuentros permitirán debatir sobre la equidad y justicia social”. Los acuerdos que se alcancen se reflejarán en propuestas de política pública y de política regulatoria.
Participación de la Asamblea Nacional
A partir de tres ejes, la democratización del conocimiento, los activos de producción, y patrimonio y riqueza, la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo) anunció este 13 de julio las actividades de su participación en el diálogo propuesto por el Ejecutivo.
Alexandra Ocles, una de las coordinadoras del bloque gobernante Alianza Patria Altiva y Soberana (Alianza PAIS), señala que la convocatoria servirá para que en las distintas zonas del país se discuta sobre la inequidad y para socializar los proyectos de ley que se discuten. Ejemplificó que un proyecto prioritario en la agenda legislativa es la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, vital para el combate del latifundio y para la democratización del acceso a la tierra.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero organiza una consulta prelegislativa para que los pueblos y nacionalidades participen en la elaboración de esa norma. Mauricio Proaño, vicepresidente de la comisión, indicó que desde la consulta para la Ley de Recursos Hídricos existe diálogo con la ciudadanía y diferentes sectores.
En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se debate el Código de la Economía Social del Conocimiento, denominado Código Ingenios. Ximena Ponce, vicepresidenta de esta comisión, asegura que la norma es un “instrumento poderosísimo” para democratizar la riqueza.
La Asamblea informó que el cronograma del diálogo se coordinará con el Ejecutivo para no traslapar información y complementar la participación ciudadana.
Otro de los coordinadores de Alianza PAIS, Fausto Cayembe informó que los proyectos de leyes sobre herencias y plusvalía, que detonaron protestas opositoras desde el pasado 8 de junio y fueron retirados provisionalmente por el Ejecutivo, son insumos para el diálogo nacional, pues en ellos se plantean mecanismos para combatir la pobreza. “El debate ya no está en la institucionalidad, sino en la sociedad”, afirmó.
Acercamiento con gobiernos locales, organizaciones y sectores sociales
La Asociación de Municipalidades del Ecuador convocó a los 221 alcaldes a una asamblea extraordinaria el próximo 23 de julio para abordar su postura en este diálogo. El alcalde de Guaranda, Ramsés Torres (de filiación opositora a Correa), dijo a la televisión local que la Asociación se reunirá en esa ciudad, enclavada en la provincia de Bolívar, para responder a la convocatoria hecha por Correa, y llamó a los promotores de protestas a no autoexcluirse.
Por su parte, este lunes 13 el Comité Ejecutivo del Consejo de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, afín al partido gobernante, anunció su respaldo a la iniciativa de diálogo. La agenda de los encuentros preparatorios desarrollada por el gobierno ha sido amplia.
Desde el 18 de junio, representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se reunieron con agrupaciones indígenas del Chimborazo, donde 2 mil participantes firmaron un convenio para la atención prioritaria del sector.
El 22 de junio, en reunión del presidente Correa con empresarios se acordó que ningún proyecto de ley frene el dinamismo económico ni los emprendimientos en marcha, y que se crearán mecanismos para evitar la evasión fiscal. El día siguiente se realizó el encuentro “Diálogo Nacional: Economía Solidaria, Motor de la Justicia Social”, con representantes de la Economía Popular y Solidaria, donde se pactó profundizar el financiamiento desde BanEcuador, potenciar a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) con mecanismos para otorgar garantías y retrogarantías que faciliten acceso al crédito y a las compras públicas, entre otros acuerdos.
El 30 de junio y el 10 de julio se realizaron diálogos entre el Ministerio del Trabajo y representantes de asociaciones y sindicatos. El 10 también hubo una reunión de representantes del sector inmobiliario con las ministras de Producción, Empleo y Competitividad, de Vivienda, y el titular de Senpaldes. Este 14 de julio se realizó en Guayaquil el Encuentro de más de 600 estudiantes y maestros con el Ministerio de Educación.
Alianza PAIS, la organización política mayoritaria de Ecuador, viene activando a su militancia en el diálogo. La Dirección Provincial de Pichincha, liderada por el prefecto Gustavo Baroja, realizará asambleas simultáneas en barrios y comunidades. “Estamos llamando al diálogo sin condiciones, en el marco de la Constitución, en el plan del Buen Vivir”, declaró.
Con información de TeleSur, Ecuador Inmediato, El Telégrafo y El Tiempo
