Constituyen violaciones a derechos y podrían judicializarse: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 13 de diciembre de 2019
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) documentó 10 irregularidades en la primera fase de la Consulta Indígena sobre el Tren Maya, las cuales constituyen violaciones a los derechos de las comunidades y podrían judicializarse mediante demandas de amparo, advirtió la organización.
El informe se publica horas antes de efectuarse la etapa consultiva en 15 asambleas regionales en municipios de los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los días 14 y 15 de diciembre, con el compromiso del gobierno de apegarse al Convenio 169 de la OIT.
El CMSS documentó las irregularidades de la primera fase de consulta del 30 de noviembre, en dos de los cinco estados afectados por el megaproyecto del Tren Maya. La organización afirmó que los principios establecidos por la OIT no se han cumplido, ni se garantiza su cumplimiento en el resto del proceso.
Señalaron que entre las anomalías detectadas, la información proporcionada fue insuficiente, parcial, sesgada, en un tiempo reducido, con una convocatoria que excluyó a comunidades y se centró en representantes y casi nunca autoridades indígenas.
Entre las irregularidades documentadas se encontró que el gobierno mexicano no busca el consentimiento previo de los pueblos originarios, sino únicamente “conocer sus opiniones”. Además que se incumple el principio de consulta “informada”, no hubo información sobre los “polos de desarrollo”.
No se dijo que el Fondo Nacional del Turismo pretende que el proyecto no sea evaluado de forma integral sino por partes, así como quedar exento de la evaluación ambiental en algunos tramos o sustituir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por un Informe Preventivo.
Otras anomalías fueron la insuficiente información vertida sobre los mecanismos Fibra, con los cuales se pretende que los ejidos aporten la tierra; el incumplimiento de los principios de “libre”, “informada” y “culturalmente adecuada”, pues se convocó únicamente a las autoridades agrarias y locales, lo que inhibió la asistencia del resto de la comunidad.
Además se realizó sin consentimiento de las comunidades, se incumplió el principio de “culturalmente adecuada”, pues el Protocolo fue diseñado por autoridades de gobierno, más no por las comunidades. No se facilitó el diálogo, sino las asambleas sirvieron para que las autoridades comunitarias plantearan sus problemáticas.
Se destacó que el ejercicio participativo ciudadano, dentro del proceso de Consulta a pueblos indígenas, es discriminatorio, pues como indígenas sólo les reconoce el derecho a opinar y en su carácter de ciudadanos, les confiere el derecho no sólo a opinar, sino a votar. Además se incumplió el principio “previo”, pues se busca legitimar un proyecto de Estado preconcebido.
“El proyecto del Tren Maya más que un proyecto de transporte es un megaproyecto turístico e inmobiliario que articulará nuevas inversiones del gran y mediano capital, despojando a las comunidades de su tierra y territorio, y generando una serie de afectaciones en los sistemas ambientales y sociales”, alertó el CMSS.
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