En agosto de 2024 se cumplen 10 años del derrame en mina de Grupo México.
El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) dio a conocer que el Gobierno Federal no ha cumplido con el “Plan de Justicia Cananea-Río Sonora” desde que lo presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021. El Plan de Justicia planteó una serie de reparaciones sociales y económicas, además de restauración del ecosistema, como seguimiento al derrame de la mina Buenavista de Cobre ocurrido en 2014.
En un comunicado, PODER señaló que los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) sostuvieron una reunión el pasado 28 de febrero con autoridades estatales, con el objetivo de dar seguimiento al Plan de Justicia.
De acuerdo con los CCRS “persiste la falta de acción y coordinación por parte de las autoridades”, además de que “comparten información errónea, no acatan las sentencias judiciales y evaden reuniones, pero sí se reúnen con Grupo México para negociar”.
A pesar de que persisten niveles tóxicos de metales en los ríos Sonora y Bacanuchi, según reportó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las “autoridades siguen sin cumplir la promesa de proporcionar agua libre de metales pesados a nuestras comunidades por medio de plantas potabilizadoras”.
Según marca el Plan de Justicia, la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Sonora estaría encargada de las plantas potabilizadoras y promete que la primera estará lista en abril de 2024, sin embargo, la CEA cedió la operación a una empresa privada que “no ha informado avances”.
PODER consideró que el “trabajo entre instituciones” y la “observación ciudadana” son indispensables en una sociedad democrática, por lo que denunciaron que “se continúan tomando decisiones sin informar ni contar con la participación de las comunidades, antes y durante el proceso”.
Además de la falta de agua potable, los CCRS también reclaman la falta de atención médica especializada en toxicología a toda la población afectada por parte de la Secretaría de Salud de Sonora, a pesar de que cuentan con una sentencia del Juez 13 de Distrito del Estado de Sonora.
Como parte del Plan de Justicia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se comprometió a dar seguimiento mediante mesas de diálogo como entidad coordinadora del plan. A pesar de ello, la STPS sigue sin brindar informes actualizados a la población, adicional a que su ex titular, Luisa Maria Alcalde, nunca visitó el Río Sonora para constatar las afectaciones.
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