No se alcanza la justicia integral: Familia de Berta, el Copinh y Gustavo Castro.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 30 de noviembre de 2018
Ayer la la Corte Suprema de Honduras encontró culpables a siete personas por el asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres y el intento de asesinato contra el activista mexicano Gustavo Castro. La Primera Sala del Tribunal de Sentencias esperará al 10 de enero 2019, fecha en que concluye su periodo de prisión preventiva, para dar a conocer su pena.
Ante esto la familia de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y Gustavo Castro afirmaron que el veredicto no satisface las exigencias de justicia pues se condena al grupo sicarial y estructura intermedia pero las personas que dieron dinero a los criminales gozan de libertad.
Añadieron que el fallo permite a la empresa DESA la posibilidad de seguir desarrollando crímenes de manera impune y envía un peligroso mensaje a empresas extractivas para violar derechos colectivos de comunidades campesinas, indígenas y de afrodescedientes.
“Ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real”, afirmaron en un comunicado.
“Ha quedado todavía más claro”, prosiguieron, “que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”. El Copinh y la familia de Berta aseguraron que fueron testigos durante el juicio de comunicaciones telefónicas que evidencian esa participación.
El dictamen condenó a siete personas por el asesinato de Berta, cuatro de ellos por el intento de homicidio de Gustavo Castro, una persona quedó absuelta, y una novena, David Castillo, presidente del Consejo de Administración de DESA, único acusado como autor intelectual, será juzgado en otro juicio.
El Copinh cuestionó al Estado hondureño la impunidad que protege a los máximos responsables del crimen “cuyos nombres no son un secreto”. Afirmó que esa impunidad forman parte del “entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos”.
El fallo no permite lograr una justicia integral para Berta y coloca a la Justicia en deuda con todo el pueblo hondureño, apuntaron.
Foto: Copinh
