El decreto abre la posibilidad de reservar información relacionada con las obras del gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó, a través del acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que los proyectos y las obras del gobierno deben ser consideradas de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
Fundar Centro de Análisis e Investigación considera esta acción como inconstitucional, ya que se abre la posibilidad de reservar información relacionada con los proyectos, además señala que dicho Acuerdo resulta “problemático y de grave preocupación”, dado que “da espacio a la opacidad y a la discrecionalidad en la gestión de obras y proyectos públicos”.
Por su parte, juristas y expertos, además del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, advierten que el Acuerdo pretende pasar por encima de lo que se establece en el marco legal vigente, motivo por el cual “podría ser objeto de demandas de amparo por parte de particulares y de controversias o acciones de inconstitucionalidad por parte de organismo o de otros poderes”.
El Acuerdo pretende eliminar obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos, como son la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, y la realización de estudios previos sobre el impacto social, ambiental y de derechos; indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada.
Además, el Poder Ejecutivo contraviene de manera directa los derechos a la tierra, al territorio de los pueblos y a la propiedad de los núcleos agrarios, pues “dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido”, precisa Fundar.
Por ello, “hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que, conforme a sus competencias y facultades, activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo”.
Entre las organizaciones que señalan la inconstitucionalidad están la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Campaña global “El Istmo en nuestro”, Centro de Estudios Ecuménicos, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Oxfam México, y Serapaz.
Nota relacionada:
Pueblos y comunidades de Oaxaca y Veracruz rechazan Corredor Interoceánico y Parques Industriales
