Acuerdo Presidencial amenaza a territorios sin consultas indígenas: Francisco López Bárcenas

Foto: Fundar

El investigador mixteco sugiere una defensa política, de amparos y controversias que pueden presentar municipios indígenas.

Para el investigador mixteco Francisco López Bárcenas, el Acuerdo Presidencial sobre obras y proyectos a los que considera de interés público y de seguridad nacional es inconstitucional pues “se aparta profundamente de distintas expresiones de la Carta Magna y viola varios derechos reconocidos”.

El investigador destacó algunos riesgos que conlleva el acuerdo como la invasión de territorios indígenas sin hacer consultas o pasar por encima de sus propios gobiernos, a los que podría no tomar en cuenta.

Planteó que una estrategia de defensa de las comunidades sería “primero informar a los pueblos”. Luego, desde el punto de vista legal, ampararse: “alguna autoridad indígena, incluso algún indígena en representación de su pueblo, puede promover amparos, tiene hasta 30 días para impugnar”. Después de ese plazo, se puede impugnar vía amparo cuando se les intente aplicar el acuerdo, señaló.

Los municipios indígenas como San Francisco Cherán (Michoacán), Ayutla de los Libres (Guerrero) y Oxchuc (Chiapas) pueden presentar una controversia constitucional, “pero lo principal va a ser la lucha política, que la gente se entere y comience a manifestarse”, expresó.

Al realizar un análisis jurídico del documento, López Bárcenas identificó que el acuerdo no señala en qué se sustenta, cuando todo acto de gobierno debe estar fundamentado; además, no precisa el sentido que se les da al interés público ni a la seguridad nacional.

“En el Artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional está claramente lo que tiene que entenderse por seguridad nacional. Si el presidente quiere ampliarlos tiene que recurrir al Congreso para que modifique la ley. Él no puede, no tiene facultades”, apuntó el investigador.

Al mencionar los “proyectos estratégicos”, Bárcenas refirió que en el Artículo 28 se establece cuáles son ellos, “están claramente delimitados, no se pueden ampliar porque es como incluir una excepción”.

El acuerdo, subrayó, “viola todo el sistema jurídico mexicano porque dice que se entreguen los permisos, pasa por encima de las leyes porque establece 5 días”. Explicó que las leyes disponen distintos plazos para la entrega de permisos, concesiones o estudios, por la naturaleza misma de estas acciones.

Por ejemplo, abundó, “si una empresa va a participar del Tren Maya o del Corredor Interoceánico, la Semarnat tiene que hacer una consulta pública para aprobar las situaciones de impacto ambiental y dice en qué tiempos se tiene que hacer”. La Suprema Corte ha establecido el criterios de en aquellos casos que no existan plazos, se deben contemplar 10 días o lo que implique razonablemente realizar dichos actos, añadió.

Bárcenas subrayó el riesgo que implica el plazo de un año para la vigencia de los permisos, pues “si una empresa ya comenzó a trabajar, a invadir territorios indígenas, ¿cómo va a resarcir el daño? El daño ya estará hecho”.

Identificó que el Gobierno Federal ha tenido muchos obstáculos jurídicos para sacar adelante sus proyectos, “pero eso es normal en un Estado de Derecho”. El temor que pueda existir de que las obras no salgan a tiempo “no justifica atentar contra el orden jurídico”, sostuvo.

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