SCJN les reconoce su derecho a defender el territorio, medio ambiente y a ser consultados.
Comunidades mayas de Sitilpech, Chapab, Kinchil y la organización Kanan Derechos Humanos, calificaron de precedente histórico para el pueblo maya, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó por unanimidad que las personas que viven cerca de proyectos con posibles afectaciones ambientales, tienen el interés legítimo para promover un juicio de amparo.
El pleno de la SCJN discutió el juicio de amparo 451/2025, donde comunidades mayas impugnaron la Norma Técnica Ambiental que regula las granjas porcícolas en Yucatán, al considerar que nunca fueron consultados previamente como pueblos indígenas.
Kanan Derechos Humanos detalló que la Norma NTA-001-SDS-22 sobre granjas porcícolas fue publicado el 23 de diciembre de 2022, por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, sin tomar en cuenta la voz las comunidades ni obtener el consentimiento de los pueblos mayas afectados por la industria.
Dicha norma regula las granjas porcícolas en Yucatán define la localización, construcción, operación y abandono de granjas porcinas y también las medidas para controlar y prevenir las alteraciones negativas, ocasionadas por las actividades productivas, pero fue diseñada sin las comunidades.
Kanan destacó que la sentencia ordena reponer el proceso judicial y reconoce el derecho de las comunidades a defender su territorio, su medio ambiente y su derecho a la consulta indígena.
Adicionalmente, el fallo abre una nueva etapa en la lucha socioambiental frente al impacto de la industria porcícola en Yucatán y fortalece el acceso a la justicia de los pueblos mayas, subrayó la organización.
En Yucatán operan entre 500 a 870 granjas porcícolas, el 45% de ellas se ubican en zonas de reserva geohidrológica como el Anillo de Cenotes, lo que ha generado un gran impacto ambiental pero al mismo tiempo, diversas formas de organización y resistencia de pueblos mayas.
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