Comunidades zapotecas demandan al gobierno mexicano cancelar proyecto San José de Fortuna Silver Mines.
El proyecto minero San José, de la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, ha violado desde hace 10 años los derechos humanos a la autonomía y libre determinación, a la tierra y el territorio y al medio ambiente sano, de las comunidades indígenas de Valles Centrales, Oaxaca, señala un informe elaborado por comunidades y organizaciones sociales.
El “Informe sobre Violación a Derechos humanos en Comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, Oaxaca”, presentado el 22 de marzo, fue desarrollado para evidenciar los impactos en los derechos humanos de la minería, construir argumentos jurídicos en torno al derecho colectivo de los pueblos indígenas y para señalar al Estado mexicano la importancia de respetar dichos derechos.
El documento fue escrito por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Educa Oaxaca y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca.
Desde hace 10 años se concesionaron 80 mil hectáreas de Valles Centrales para la empresa canadiense sin consultar ni informar a las comunidades zapotecas que ahí residen. En ese momento el proyecto extractivo se introdujo a las comunidades con violencia y amenazas, donde fueron asesinados dos defensores del territorio, sin que haya habido justicia, recupera el informe. Además, ha provocado daños ambientales y contaminación del agua, sin que haya habido reparación.
El informe se realizó a través de la metodología sobre Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos Basadas en la Comunidad, por medio del cual se analizaron dichos impactos en las comunidades indígenas y se concluye en algunas recomendaciones para el Estado mexicano en general, para el Gobierno canadiense y para diversas autoridades nacionales y locales.
A las autoridades canadienses se les pide instar a las mineras de ese país implementar todas las disposiciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las directrices de la OCDE y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, así como asegurar que las mineras canadienses sean llamadas a responder ante la justicia de su país por violaciones a derechos humanos cometidas fuera de su territorio.
Al Estado mexicano se le recomienda reconocer consitucionalmente el derecho al territorio y libre determinación de los pueblos “ya que actualmente estos derechos son reconocidos de manera parcial y sesgada”. Además, se le pide realizar reformas a la Ley Minera que inhiban el despojo y no lo legalicen, así como incorporar mayores cargas fiscales para garantizar una distribución equitativa de las ganancias.
A otras dependencias mexicanas como la Secretaría de Economía y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales se les exige cancelar las concesiones otorgadas a Minera Cuzcatlán, Minera Aurea, Minera y Metalúrgica Ejutla, Minera Plata Real y a Faustino Reyes Ruiz, pues se otorgaron sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Además, mantener una supervisión rigurosa para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.
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