Ante el incremento de actividad volcánica pide al Gobierno Federal un plan de contingencia para mitigar riesgos del PIM.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 10 de abril de 2019
Ante el incremento de la actividad volcánica, un juez federal concedió un amparo a las comunidades de San Lucas Atzala y San Andrés Calpan para que autoridades federales eviten poner en riesgo a los pobladores con el gasoducto del Proyecto Integral Morelos.
A partir del aumento de las erupciones del Popocatépetl y la elevación de la alerta amarilla de fase 2 a 3, por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), comunidades interpusieron el amparo.
El juez séptimo de distrito, Israel Flores Rodríguez, otorgó un plazo de 24 horas a Protección Civil y al Gobierno Federal para informar qué medidas ha aplicado ante el incremento de la actividad volcánica y si cuentan con algún plan de contingencia para mitigar los riesgos de la operatividad del gasoducto.
La autoridad judicial argumenta que el Cenapred no ha emitido una recomendación sobre las acciones que se deben seguir ante el incremento del semáforo de alerta y la operatividad del Gasoducto Morelos.
El amparo puntualiza que la suspensión de plano “no tiene por efecto interrumpir las operaciones del gasoducto Morelos, sino sólo adoptar las medidas preventivas que las autoridades competentes consideren necesarias”.
Ante ello el Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) recordó que el Cenapred emitió en agosto de 2011 una nota técnica dirigida a la Comisión Reguladora de Energía donde señalaba que la instalación del Gasoducto Morelos pone en mayor peligro a las comunidades nahuas del volcán y que el trazo era inviable en 23 km al sur del cráter del volcán.
El FPDTA señaló que la medida otorgada por el juez federal no es suficiente, “pues ante el vacío técnico y legal de las medidas de seguridad necesarias, debió ordenar la suspensión de cualquier actividad que implique el transporte de gas natural en la zona de riesgo”.
Por ello la organización de pueblos y comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala, ya interpuso otro amparo para solicitar la suspensión y cancelación del Gasoducto Morelos y la demanda de respetar el derecho a la autoconsulta recomendado por la relatora de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz.
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