“Miles estamos organizados, no vamos a permitir que nos despojen el territorio”.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 12 de julio de 2016
Organizaciones sociales informaron que el Juez Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla, ordenó la suspensión provisional del proyecto de “Hidroeléctrica Puebla 1”. Con esta resolución en favor del pueblo Tutunaku, la empresa Deselec 1 – Comexhidro queda impedida de realizar actividades hasta la sentencia definitiva del Juicio de Amparo.
Aunque la suspensión fue impugnada por la empresa, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la suspensión concedida por el Juez, con lo que ha quedado firme y vigente la resolución de suspensión promovidas por comunidades de los municipios de Ahuacatlán, Tepatlán y Tlapacoya en la Sierra Norte de Puebla.
Miguel Sánchez de la Organización Totonakú en Defensa del Territorio, expuso que hasta ahora se han concesionado más de 160 mil hectáreas para minería a cielo abierto en la zona norte de Puebla. También, señaló que hay cinco proyectos hidroeléctricos sobre el río “en que nosotros habitamos”. “Aquí estamos mujeres y hombres exigiendo, miles estamos organizados, no vamos a permitir que nos despojen el territorio”, dijo.
Itzel Silva, abogada del Centro de Análisis e Investigación (Fundar), explicó que el recurso legal interpuesto por las comunidades es contra los permisos y concesiones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión de Regulación de Energía (CRE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), e incluso el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En conferencia de prensa, integrantes del Consejo Tiyat Tlali y de la Organización Tutunaku Nahua en Defensa del Territorio y de sus Pueblos, informaron que la implementación de este proyecto afectaría a unas 25 mil personas de manera directa y otras 100 mil de manera indirecta y que corresponden a seis municipios.
Silvia Villaseñor, integrante del Consejo Tiyat Tlali, señaló que aunque han intentado avanzar en la presa que tendría una cortina de 42 metros de altura, esta no se construye aún, y detalló que de realizarse, el Rio Ajajalpan se desviaría por 4 km en diferentes tramos. Además, informó que se haría un túnel a través de las montañas de 3.5 km con un impacto fuerte en los manantiales, la flora y fauna.
De acuerdo a los abogados, entre los derechos que se violan y que sustentan la demanda, están el derecho a la tierra y el territorio, la libre determinación, al agua, al medio ambiente sano y al consentimiento libre e informado.
Las organizaciones alertaron del riesgo de devastación ambiental y el desplazamiento forzado que se pueden causar si se concretan los 14 proyectos hidroeléctricos autorizados en el estado, sumados a los proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica en más de 300 mil hectáreas de la región.
