Una tercera parte del país está concesionado a minería y en ningún caso se ha consultado.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 31 de mayo de 2017
Representantes de comunidades indígenas y de organizaciones sociales afirmaron ante senadores que en México no existe la consulta previa, y un ejemplo es que una tercera parte del territorio está concesionado a la minería y en ningún caso se ha consultado a las comunidades.
Durante un conversatorio sobre el derecho a la consulta indígena, ocurrido hoy en el Senado, las organizaciones señalaron que existen reglas mínimas establecidas en tratados internacionales así como en el Artículo 2 Constitucional que “deberíamos empezar a cumplir antes de hablar de una sola ley”, afirmaron.
Representantes mayas y zapotecos que tienen procesos de consulta indígena sobre siembra de soya transgénica y de un parque eólico, respectivamente, denunciaron que el proceso ha generado división entre las comunidades y actitudes de racismo institucional.
Discriminación en las consultas
Laydy Pech, integrante del Colectivo Apícola los Chenes, señaló que la consulta no resuelve los problemas de la comunidad. Afirmó que se vuelve un mero trámite cuando han pedido a las autoridades que sea vinculante y lo rechazan. “¿De qué nos sirve sentarnos y dialogar si al final la opinión no va a ser tomada en cuenta?”, cuestionó.
La indígena maya denunció discriminación de las autoridades responsables del proceso de consulta, en particular a funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) “que sólo llegan a atropellarnos, que nos dan un trato grosero porque hablo maya, porque no hablo español”.
“La consulta debe garantizar a las comunidades indígenas resolver su problema. Nosotros no ocasionamos el problema, el problema lo ocasiona los proyectos mega industriales de soya transgénica”, sentenció Laydy Pech.
División en las comunidades
Por su parte Isabel Jiménez, representante de la asamblea popular del pueblo juchiteco, narró la experiencia de consulta sobre los proyectos eólicos en el Istmo. “Exigimos una consulta previa libre e informada y nos dan una a modo de la empresa”, afirmó.
Algunos de los problemas generados por los parques eólicos, de los cuales ya existen 12 en Juchitán, Oaxaca, son afectaciones a los pozos de agua, contaminación al subsuelo por el aceite que se filtra, riesgos en la siembra del maíz e incrementos en las tarifas de luz, enlistó la representante zapoteca.
Describió que el proceso de consulta ha dividido y generado más problemas a la comunidad. “Las empresas son las culpables de la división de las comunidades, ya no nos vemos como hermanos sino como enemigos”, apuntó.
Narró que con la consulta se han incrementado los asesinatos, hostigamientos, incluso a mujeres y niños. Denunció que a través de medios de comunicación pagados se difama a los defensores derechos humanos. Expuso que las comunidades no están en contra de la generación de energía “sino en la manera en como nos expulsan”.
Reglas mínimas de la consulta
Por su parte Sara Méndez, de la organización Gobixha, afirmó que antes de hablar de una sola ley de consulta indígena habría que aplicar las “reglas mínimas que establecen los tratados internacionales” y el Artículo 2 Constitucional.
En el mismo sentido, el director técnico del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Xavier Martínez, advirtió que “tenemos un estándar interamericano importante”, pero por las condiciones que se viven en México, sería mejor empezar a cumplir con lo que se tiene. Señaló que el problema es el operador de la ley.
Xavier Martínez describió que a pesar del inmenso patrimonio biocultural que depende de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos, el Estado mexicano es embrionario para garantizar sus derechos humanos.
El representante del Cemda afirmó que el 35% del territorio está concesionado a la industria minera y en ninguna concesión se ha llevado una consulta indígena, por lo que el estado pluricultural es inexistente, sostuvo.
Finalmente señaló que hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos y una incapacidad de autoridades de hacer la consulta y de garantizar la integridad de los participantes de las comunidades.
Estado intrusivo
Otro de los participantes del conversatorio, moderado por la senadora perredista Angélica de la Peña, fue Alberto Solís, de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), quien describió los procesos que su organización ha acompañado como el de la tribu yaqui y el de la comunidad otomí de Xochicuautla.
La consulta al pueblo yaqui marcó un precedente, señaló Solís, pues fue la primera ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo quedó parada pues no se cumplieron las cuatro etapas que fueron planificadas, nunca se frenó la operación del acueducto y ocurrieron cosas más graves, pues se criminalizó y encarceló a los representantes indígenas.
Marcó su preocupación por una ley de consulta que se vuelva un trámite administrativos: “Nos preocupa generar una ley, que pretenda homologar, cuando los pueblos indígenas son diferentes, va a ser gravísimo, si el Estado entra en la lógica de hacerlo un trámite administrativo para decisiones que ya tiene tomadas, vamos a entrar a situaciones mucho peores”, sentenció.
