Claman por los Derechos de los Ríos y los Pueblos.
Movimientos sociales, comunidades y organizaciones firmaron la Declaración por los Derechos de los Ríos y los Pueblos donde cuestionaron la sustentabilidad de las hidroeléctricas y su supuesta energía limpia, “cuando en realidad los ríos represados mueren y los pueblos sufren sus impactos destructivos”.
Afirmaron que la tecnología de las represas no favorece a la naturaleza ni genera bienestar humano, pues su aporte al calentamiento global es innegable. Las represas “se basan en un modelo extractivo y de explotación ilimitada de los ecosistemas que acentúa las sequías y las inundaciones, poniendo a millones de personas en riesgo permanente”, destacaron.
En el marco del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, que se desarrolla en Costa Rica, integrantes de la Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos sus comunidades y el Agua (Redlar) y otras organizaciones invitaron a la “Movida global por los ríos y los pueblos”.
“Las hidroeléctricas provocan deforestación, alteración irreparable de los ecosistemas de los ríos, muerte de la fauna incluidos los peces que son alimento para los pueblos, pérdida de biodiversidad, manglares y acuíferos; explotación indiscriminada, mercantilización y privatización del agua”, manifestaron.
Además señalaron que las hidroeléctricas generan desplazamiento forzado, poblaciones afectadas sin agua para tomar, pescar, cultivar, provocan la ruptura de su tejido social y cultural, así como corrupción, tráfico de influencias y conflictos internacionales.
“Muchas de las víctimas (de las hidroeléctricas) son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones. Además, las represas provocan persecución, intimidación y asesinatos, como el de nuestra compañera Berta Cáceres”, apuntaron.
Organizaciones como la Redlar, Otros Mundos Chiapas, Ríos Libres- Costa Rica, Asociación de Proyectos Alternativos y la Mesa provincial Misiones-Argentina, hicieron un llamado a una urgente transición energética justa, que revise las condiciones e impactos de cada tecnología y priorice el respeto de los derechos de la gente y los ríos.
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