Elimina derechos a la representación política, del territorio y recursos naturales.
La iniciativa de Reforma Constitucional para los Derechos de los Pueblos Indígenas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero viene mutilada, le quitaron los derechos a la representación política y del territorio y recursos naturales, afirmó el especialista en derechos indígenas, Francisco López Bárcenas.
Para el abogado mixteco, es lamentable que Adelfo Regino, titular del el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) diga que la iniciativa es la que se consensó con los pueblos originarios y especialistas en 52 foros regionales en 27 estados.
Es también una falta de respeto para las autoridades indígenas y pueblos que participaron en ese proceso y que se entregó dos veces al presidente, una el 9 de agosto de 2019 en Durango, y otra el 28 de septiembre de 2021 en Vícam, Sonora, sostuvo López Bárcenas.
Sin derechos estratégicos
A la iniciativa principalmente le quitaron dos derechos que son estratégicos en el contexto actual donde impera el modelo extractivo, señaló. El primero es el de la representación política, derecho que se ha negado desde el Siglo XIX, y que el Estado no reconoce porque hacerlo implica devolverle el poder a los pueblos para que decidan sobre su destino, afirmó.
El otro derecho “escamoteado” es el del control de sus tierras y el manejo de los recursos existentes en ellos. “Con esta omisión el Estado seguirá permitiendo el saqueo de sus recursos naturales”, denunció López Bárcenas.
Como muestra de este saqueo el abogado indígena apuntó que se han otorgado más de 59 mil concesiones de agua para 46 mil 839 usuarios (particulares y empresas) en territorio de los pueblos originarios. Así como también se han entregado 5 mil 87 concesiones mineras, que abarcan más de 1 millón 940 mil hectáreas y que representan 17% del total de los territorios indígenas.
Sobre el principio de pluralismo jurídico que tampoco está en la propuesta, López Bárcenas afirmó que “va a seguir siendo como un colonialismo jurídico”, es decir, se da por hecho que “el estado de derecho del Estado es el importante y todo lo que se quiera hacer tiene que ser alrededor de él”.
Avances secundarios
Si bien el especialista reconoce avances en la propuesta, como elevar el derecho a la consulta y reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, señaló que estos derechos de alguna manera ya estaban reconocidos y lo que se buscaba era modificarlos para mejorar su operatividad.
En el caso del derecho a la la consulta previa, libre e informada, el Estado estaba obligado a consultar porque ya está reconocido ese derecho por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados.
En cuanto a reconocer a los pueblos como sujetos de derechos, el abogado explicó que ahí se buscaba que los pueblos pudieran ejercer el presupuesto público. Expresó que ese reconocimiento ya se daba en 11 estados como Oaxaca, Tabasco, Veracruz y la CDMX, pero eso no ha marcado una diferencia con los pueblos que viven donde no se les reconoce el derecho.
López Bárcenas sostuvo que los derechos que se reconocen en la iniciativa, “en el fondo son derechos que no afectan directamente al capital o al modelo extractivo”. Ante este panorama, los pueblos indígenas seguirán usando los recursos políticos y jurídicos a su alcance para defender su patrimonio y es muy probable que el Estado siga litigando en su contra.
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