Ofrece 34 % a medios comunitarios, 33 % a privados y 33% a públicos.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 17 de junio de 2013
En días recientes fue aprobada por el Congreso de Ecuador su Ley Orgánica de Comunicación la cual redistribuye las frecuencias transmisoras de manera equitativa y crea un Consejo de Regulación de Medios.
Esta ley de medios establece una nueva distribución de frecuencias de radio y televisión de 34 por ciento para medios comunitarios, 33 por ciento para medios privados y 33 por ciento para el sector público.
Información oficial señala que actualmente el sector privado posee el 85.5 por ciento de las frecuencias de radiodifusión y 71 por ciento de las televisivas.
Democratización de medios
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira consideró a la ley un “hito histórico”, pues constituye un mandato de la Constitución para “acabar con los monopolios, democratizar la libertad de expresión y garantizar los derechos de la población”.
La Ley Orgánica de Comunicación contemplada en cuatro capítulos tardó cuatro años en aprobarse. Fue votada por 108 sufragios a favor, 26 en contra y una abstención en su primer capítulo, mientras que los restantes se aprobaron con 110 votos a favor por 25 en contra.
A su vez el presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló en su programa sabatino que esta nueva ley será seguida pronto por otros países; sin embargo la oposición en su país la ha calificado de “ley mordaza”, incluso varios medios de comunicación ecuatorianos y colombianos se lanzaron en su contra.
La ley de medios contempla la creación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación integrado por representantes del sector público que deberán regular el contenido de los medios relacionados con la violencia y que no sean discriminatorios.
De acuerdo a la ley, dicho Consejo impondrá sanciones a medios o periodistas que difundan estos contenidos, con penas que van de las disculpas públicas, demandas judiciales o fuertes sanciones económicas.
Ya en 2011 y 2012 dos medios de comunicación, un editor, tres ejecutivos y dos periodistas fueron sentenciados a pagar multas millonarias y prisión por difamar a Correa.
Los focos rojos
Para la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) esta Ley presenta principios fundamentales pero también aspectos peligrosos.
Resalta RSF que la ley prohíbe toda forma de censura previa de autoridades, además que garantiza a los periodistas la cláusula de conciencia y el derecho a la reserva de sus fuentes y el secreto profesional.
La organización internacional subraya el principio de equidad en la distribución de frecuencias, al que califica como “un instrumento importante a favor del pluralismo”.
Sin embargo el análisis de RSF prende los focos rojos ante la tipificación del “linchamiento mediático” como “intención sistemática, concertada a través de varios medios de comunicación o de uno solo para destruir el honor o el prestigio de una persona”, ya que supone un obstáculo a cualquier revelación de información delicada, de acuerdo a la organización.
Además preguntan RSF “¿Qué criterios permitirán juzgar el valor de una información? ¿Qué autoridad tendrá esta competencia?”. Agregan que “la democratización del espacio audiovisual continúa siendo un reto crucial planteado por la ley”, no obstante este reto pasa por la extensión de facultades de una futura “Superintendencia de Comunicación, la cual debe fungir como una instancia de regulación y no como un instrumento de control de contenidos”.
