Señalan posible corrupción para evitar que la SCJN atraiga el caso y aplique principio precautorio.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 17 de julio de 2020
Representantes de Infancia de Homún, Kanan Ts´ono´ot, y la asociación civil Indignación, señalaron que la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) y el presidente municipal de Homún, Manuel Jesús Chi Chim, desistieron de los recursos judiciales que habían impuesto después de casi dos años de la orden de paralizar actividades en la megagranja en Yucatán.
A través de un comunicado, las organizaciones afirmaron que la empresa y Manuel Chi Chim “pretenden impedir, por ahora, que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre el caso Homún”.
Añadieron que la atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunciada este 24 de junio, brindará la oportunidad de pronunciarse sobre asuntos “verdaderamente trascendentes y generar criterios novedosos”, en materia de protección ambiental, prevención, suspensión y principios precautorios frente a cualquier proyecto o actividad que pueda vulnerar el medio ambiente.
La discusión de la SCJN está relacionada con el principio precautorio que puede anticipar daños ambientales, cuáles son los estándares, criterios y evidencias a considerar que incluye los científicos, frente a la probabilidad de un riesgo ambiental.
El desistimiento simultáneo por parte de Papo y Chi Chim muestra las complicidades de la empresa con las autoridades de diversos niveles en el estado de Yucatán, señalaron las organizaciones.
Agregaron que lo anterior “nos lleva a sospechar posibles actos de corrupción y/o cohecho”, además de evidenciar el desinterés por parte de Manuel Chi Chim de proteger los derechos de la población de Homún.
Desde octubre de 2018, la jueza cuarta de distrito, Miriam de Jesús Cámara Patrón, ordenó la “inmediata paralización de operaciones de la granja” y concedió el amparo interpuesto por infantes mayas para defender los cenotes, el medio ambiente y sus derechos ante el riesgo que implica la operación de la granja con capacidad de crianza de 49 mil cerdos.
Dicha megagranja pretendía instalarse en 120 hectáreas, ubicada entre los municipios yucatecos de Huhí, Homún y Sanahcat, una zona que ponía en riesgo el agua de la región, la salud de la infancia y los derechos de pueblo maya que no fue debidamente consultado.
El comunicado concluyó con un llamado a las y los magistrados del Tribunal Colegiado y al juez segundo de distrito, que revisaran el caso Homún, para que garanticen la imparcialidad, la independencia y la autonomía judicial para asegurar el derecho de acceso a la justicia al pueblo maya.
Nota relacionada:
Incontenible la industria porcícola en la península de Yucatán: Greenpeace
