En 2019 hubo 39 ataques contra personas defensoras: 15 fueron asesinadas y un intento de homicidio.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 10 de noviembre de 2020
Organizaciones de la sociedad civil vieron como “un paso adelante” que el Estado mexicano mostrara la voluntad de ratificar el Acuerdo de Escazú, vinculante sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.
Las asociaciones como el Centro de Colaboración Cívica México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Fundar Centro de Análisis e Investigación señalaron en boletín de prensa la “necesidad” de un acuerdo aplicable ante “la situación de violencia y violaciones de derechos humanos” en América Latina y el Caribe.
El acuerdo propone transformar la gobernanza ambiental que coloca en el centro los derechos humanos de las personas afectadas y establece herramientas que permitan la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en estos mismos asuntos.
Asimismo, se propone crear y fortalecer las capacidades, la cooperación y la protección de personas que defienden “su derecho a un ambiente sano” desde el enfoque de derechos humanos.
De acuerdo a datos de Heinrich Böll Stiftung, de 2006 a 2019 se identificaron 879 conflictos socioambientales en México que en su mayoría se encuentran vinculados a la minería, extracción de hidrocarburos e hidroeléctricas.
Estos conflictos que generan violencia “han sido una constante” contra personas, colectivos y comunidades defensoras de derechos humanos, en concreto del medio ambiente, en la implementación de proyectos de desarrollo “sin una perspectiva de derechos humanos ni sustentable”.
De 2012 a 2019 se registraron 499 agresiones contra quienes defienden el medio ambiente. Durante 2019 hubo 39 ataques cometidos a personas defensoras de las cuales 15 fueron asesinadas y un intento de homicidio.
En este contexto México firmó el acuerdo en septiembre de 2018 que después fue sometido a revisión con el propósito de que el Ejecutivo lo mandara al Senado y ocurrió hasta agosto de este año. El 4 de noviembre el acuerdo fue discutido en Comisiones y al día siguiente se envió al Pleno para su discusión.
Con el avance hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú, las organizaciones solicitan al Ejecutivo publicar a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación y completar el proceso a nivel nacional. Esperan que sea una ocasión para que el Estado mexicano muestre “la voluntad de cumplir con los derechos humanos ambientales” que modifiquen la normativa y la práctica en materia ambiental.
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