Frente Anáhuac ve riesgo de privatización y cambio masivo en uso de suelo.
El 13 de junio el Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva Ley Ambiental, más “permisiva” con la explotación privada y con el desarrollo inmobiliario, en opinión de organizaciones dedicadas a la defensa del territorio como el Frente Anáhuac y la Coordinación de Pueblos de Xochimilco.
La iniciativa de la nueva Ley fue presentada por el jefe de gobierno, Martí Batres, el pasado 21 de marzo, durante las campañas electorales. Después de su aprobación en comisiones, 39 diputados de Morena y aliados votaron a favor del dictamen, con oposición de 11 diputados panistas. La nueva Ley ya se encuentra en despacho de la Jefatura de Gobierno para su promulgación.
De acuerdo con el Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios “Frente Anáhuac”, la nueva Ley no contempla el derecho de los pueblos originarios de la CDMX en el Consejo Asesor de la Ley Ambiental, a pesar de que el otorgamiento de permisos en Áreas Naturales Protegidas (ANP) puede incidir en territorios de pueblos y barrios originarios de la entidad.
En opinión del Frente Anáhuac, la nueva legislación da paso a la privatización y el desarrollo inmobiliario en las ANP, pues permitirá otorgar “permisos” a particulares para el uso comercial y nuevas construcciones, lo cual consideraron grave, pues este proyecto de Ley, afirman, fue elaborado sin consulta previa, libre e informada a los pueblos de la Ciudad.
Además, el Frente Anáhuac consideró que esta nueva Ley ambiental permite a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) eximir de Manifestaciones de Impacto Ambiental para nuevas construcciones o usos comerciales, a pesar de que el Congreso local ni si quiera ha emitido el nuevo Programa General de Ordenamiento Territorio (PGOT).
Respuesta del Gobierno de la CDMX
En una tarjeta informativa emitida el 13 de junio, la Sedema presentó su postura en torno a la opinión del Frente Anáhuac, la cual consideró “información errónea”. En primer lugar, la Sedema denegó la posibilidad de “privatización” de las ANP, en su lugar, expresó que se abre la posibilidad de que esta otorgue el derecho de usufructo a particulares.
Además, la Sedema aclaró que esta posibilidad de usufructo para particulares queda sujeta al Programa de Manejo de cada ANP, un tipo de documento en el que se enlistan las medidas de protección necesarias para cada zona de conservación y delimita las actividades permitidas.
Para la Sedema no se “abre la puerta a la privatización” de las zonas de conservación, pues, consideraron que no es materia de la Ley Ambiental, aunque se trate de propiedades dentro de ANP. En cambio, apuntan a la Ley del Régimen Patrimonial para la propiedad privada y a la Ley Agraria Federal para la propiedad social (ejidal y comunal).
Asimismo, la Sedema comunicó que la nueva Ley Ambiental no facilitará el cambio de uso de suelo, ya que dicho procedimiento se rige por la Ley de Desarrollo Urbano. Además, no se elimina la prohibición de reducir el suelo de conservación, pues, señalaron que esto se encuentra establecido en la Constitución de la CDMX.
A pesar de las aclaraciones de la Sedema, el Frente Anáhuac emitió su réplica a la tarjeta informativa, en ella contrastan la nueva Ley Ambiental con la que fue reemplazada por esta, la anterior “Ley Ambiental de Protección a la Tierra”, con lo cual señalan que queda en evidencia la inexactitud de la defensa que hace la Sedema hacia la nueva Ley Ambiental, o “Ley Batres”, como la denomina el Frente.
Notas relacionadas:
Zona chinampera en CDMX, fundamental en biodiversidad y alimentación
Frente Anáhuac rechaza Programa de Ordenamiento Territorial de la CDMX
