Organizaciones y colectivos exhiben violaciones a derechos humanos y dilaciones en litigios contra megaproyecto.
Organizaciones, comunidades y colectivos de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo denunciaron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha deforestado más de 144 hectáreas de selva maya sin contar con autorizaciones de cambio de uso de suelo y violando medidas cautelares emitidas por jueces.
Organizaciones como Indignación, Kanan Derechos Humanos, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), exhibieron violaciones a los derechos humanos de las comunidades y personas, así como dilaciones en litigios que comenzaron en enero de 2020 y 15 meses después siguen en la espera de ser admitidos.
A través de sobrevuelos, señalaron, se pudo constatar que Fonatur ha realizado remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y bancos de materiales pétreos en al menos 144 hectáreas de selva maya, “actividades al margen de la ley”, pues no se cuenta con cambios de uso de suelo en terrenos forestales, de acuerdo a solicitudes de información que hicieron las organizaciones.
“Esto constituye una violación directa al derecho a un medio ambiente sano pues, al no existir estudios ni autorizaciones que justifiquen la viabilidad de desmontar terrenos forestales, existen riesgos y daños ambientales que vulneran nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, sobre todo cuando estos ecosistemas nos brindan servicios ambientales”, precisaron.
Además, se constató que Fonatur sigue trabajando en toda la ruta del Tren Maya con actividades que van más allá de la rehabilitación de obras existentes, con lo que viola las suspensiones que los juzgados y tribunales han otorgado en favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, pues obligan a las autoridades a abstenerse de ejecutar obras nuevas.
Otra denuncia presentada por las organizaciones fue que a pesar de haberse modificado el trazo en algunas poblaciones de Campeche y Mérida para evitar desalojos forzados, este proceso continúa en otras comunidades mayas, donde se ha presionado a pobladores con amparos para que entreguen sus terrenos bajo la promesa de recibir después casas nuevas, sin garantías o convenios que den certeza jurídica.
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