“Al final la palabra de las comunidades va a ser la decisoria”: abogado Jorge Fernández.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 23 de diciembre de 2016
La Presidencia de la República promovió una controversia constitucional contra el decreto impulsado por el gobierno de Yucatán, el cual declaraba al estado “zona libre de cultivos transgénicos”, ante ello el gobierno de la península contestó que se mantiene firme con el decreto.
Para el abogado Jorge Fernández Mendiburu, de la organización Indignación AC, la controversia evidencia la “descarada política de impulso de siembra transgénica y de beneficios a empresas trasnacionales” de esta y la anterior administración.
El contenido del litigio será la facultad de los gobiernos estatales para implementar medidas de prohibición de organismos genéticamente modificados en temas de bioseguridad, identificó el representante legal de organizaciones de apicultores mayas.
Vías legales cerradas
Fernández Mendiburu recordó que el gobierno estatal usó antes del decreto la vía establecida en la Ley de Bioseguridad y el caso llegó hasta Sagarpa, pero de manera inexplicable, a pesar de cumplirse con todos los requisitos, la dependencia resolvió que no era posible declarar la zona libre de transgénicos a los municipios de Yucatán que lo solicitaron.
“Esto lo que nos dice es que no hay mecanismos para que en determinados municipios o entidades federativas puedan declararse zonas libres de transgénicos, es decir, la vía de los hechos está cerrada”, apuntó Fernández.
“Si el procedimiento establecido en la Ley de Bioseguridad no es eficaz entonces las entidades federativas tendrían hasta cierto punto razón legítima para poder establecer medidas para que no se sembrara la soya transgénica”, abundó. La Corte tendría que determinar qué corresponde ante esta situación, añadió.
La consulta, el camino
El abogado, también integrante del Colectivo Ma OGM, añadió que la consulta a las comunidades será el camino para resolver el tema de la siembra transgénica. “Esto no se va a resolver con un litigio en la Corte, eso se va a resolver en el momento que las comunidades digan si quieren soya trasngénica o no. Al final la palabra de las comunidades va a ser la decisoria”.
La Corte ya se pronunció sobre el fondo y dijo que no se puede sembrar soya transgénica en Campeche y Yucatán hasta que no se haga un proceso de consulta, explicó Fernández.
De acuerdo al diario Reforma, el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, metió la controversia el pasado 13 de diciembre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos días después un ministro admitió el trámite pero se negó a conceder la suspensión para frenar el decreto.
La SCJN intervendrá para aclarar cuáles son los límites de las atribuciones de los gobiernos locales en temas de transgénicos sin pronunciarse sobre cuestiones científicas o ambientales, destacó el diario. Se argumenta que el mandatario yucateco, Rolando Zapata Bello, habría invadido atribuciones del Congreso de la Unión y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
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