Afectará áreas naturales protegidas, comunidades indígenas y zonas arqueológicas.
Los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, los 18 municipios que forman parte de la ruta del Tren Maya y el Gobierno federal firmaron un acuerdo de colaboración para establecer los mecanismos para el Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste y gestionar el crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya.
El abogado y activista por el derecho a la vivienda, Kalycho Escoffié, afirmó que las personas afectadas están excluidas y señaló que plantear desde la federación la homologación de ordenamiento territorial a nivel municipal genera dudas debido a que son “procesos complejos”.
Ordenamiento territorial
Escoffié agregó que la consulta que se hizo en noviembre de 2019 no incluyó el plan de ordenamiento territorial, por lo que manifestó su preocupación de que se firmara un convenio de cooperación para la implementación cuando “no se sabe cuáles van a hacer los términos de este ordenamiento territorial”.
Indicó que este reordenamiento afectará áreas naturales protegidas, ejidos, municipios, centros de población, comunidades indígenas y zonas arqueológicas, además de impactar en el acceso al agua de cenotes y a recursos ambientales.
Asimismo, con la entrada de este programa se van a concretar los desalojos, los cambios de uso de suelo, la entrada o no de ciertas industrias o de ciertas actividades económicas, alertó el activista.
El desarrollo inmobiliario
El reordenamiento territorial impactará en los usos de suelo, subrayó el asesor legal del Colectivo Tres Barrios. Uno de los problemas que tenía la península antes del proyecto del tren era la especulación inmobiliaria que “ha sido factor de deforestación” en Campeche, Quintana Roo y Yucatán además de generar “muchos desalojos y despojos, principalmente a población maya”.
Este desarrollo inmobiliario “puede apuntalarse” con el Tren Maya y el Programa de Ordenamiento Territorial en la península, alertó Escoffié, “también se abre una posibilidad para intereses industriales” que aprovecharán el uso de suelo.
Añadió que se requiere transparencia por parte de las autoridades, que haya participación de las personas que se van a ver afectadas, un proceso amplio y participativo, así como un sistema de contrapesos para evitar que realmente se puedan generar situaciones adversas para las comunidades.
Diversidad de la zona
Kalycho Escoffié indicó que cada municipio tiene características particulares por su formación geológica y su biodiversidad, ya que no tienen las mismas condiciones municipales en Felipe Carillo Puerto, Quintana Roo, o Escárcega en Campeche, o Palenque, Chiapas.
Las preguntas de cómo se van a atender asuntos cuando las modificaciones en los usos de suelo implican la instalación de zonas hoteleras, por ejemplo: cómo garantizar que esa industria no contamine, no afecte vestigios arqueológicos, ni los cenotes y tampoco afecte la dinámica social, pero sobre todo “cómo hacer que el Tren Maya no sea el nuevo Cancún, pero de manera más expansiva”.
Finalmente, Escoffié dijo que es “preocupante” que al final del año, en contexto de la pandemia, se hayan firmado los acuerdos del ordenamiento territorial.
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