Comunidades, organizaciones y cooperativas aportan ideas desde la campaña “Luces sobre el debate energético”.
Como parte de un proceso de reflexión de más de un año, representantes de pueblos, organizaciones, colectivas y cooperativas plantearon realizar una transición energética popular, sin capitalismo “verde” ni centralismos de Estados.
En conferencia de prensa, integrantes de la campaña “Luces sobre el debate energético” alertaron del riesgo de despojo, sin diálogo y mediante el uso de la fuerza, que representa el acuerdo firmado por el presidente López Obrador el 22 de noviembre, que considera de interés público y seguridad nacional cualquier proyecto de generación de energía y obras de infraestructura.
Algunas de las organizaciones que realizaron denuncias y propuestas son la cooperativa Onergia, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, la Asamblea de Pueblos Indígenas en defensa de la Tierra y el Territorio, así como Articulación Yucatán y la Asamblea del Pueblo Maya.
Destacaron que es relevante limitar la participación de las grandes empresas privadas en la generación eléctrica, pues éstas profundizan el modelo de acumulación de capital, generan especulación, degradan las zonas ambientales y promueven el despojo territorial como se ha demostrado en proyectos de Yucatán, Puebla, Veracruz, Baja California y Oaxaca.
Sin embargo, consideraron que “no podemos dar por sentado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a garantizar el acceso a la energía sin afectar los derechos de los pueblos”. Recordaron intentos de imposición de proyectos como la termoeléctrica en Huexca, Morelos; el tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla; y la hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca.
“Nos preocupa la incertidumbre jurídica que diversos pueblos y comunidades tendrán ante megaproyectos energéticos y si se profundizará el despojo, la represión y persecución contra quienes decidan defender sus tierras y aguas comunes”, destacaron.
En cuanto a la propuesta de integrar al litio como área estratégica del Estado en camino a la transición energética, afirmaron que como cualquier actividad minera implica una fuerte carga de devastación ambiental, consumo de agua y que pasa por encima de los derechos de las comunidades, por lo que al final exacerba el problema que pretende solucionar.
Las organizaciones también criticaron el hecho de que a pesar de los compromisos del presidente de no usar fracking, año tras año se sigue incrementando el presupuesto para esta práctica y en 2022 se le asignó 15 mil millones, lo que representa el 219% respecto al 2021.
Además, junto con el petróleo, carbón y combustóleo, el gas obtenido con fracking son parte de los combustibles altamente contaminantes que alimentan al Sistema Eléctrico Nacional. “La transición energética justa tiene que incluir dejar los combustibles fósiles bajo tierra”, sentenciaron.
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