Seguirán brindando seguridad y justicia en las comunidades con base en la asamblea y gobiernos comunitarios, responden a la SCJN.
Organizaciones comunitarias de pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero rechazaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló una consulta del Congreso local para desconocer el sistema de seguridad y justicia comunitaria.
Por separado, la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (Upoeg) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con presencia en comunidades y municipios de la Costa Chica y Montaña, advirtieron que seguirán rigiéndose por el sistema comunitario y anunciaron protestas en busca de una nueva consulta, pero con la participación de los pueblos.
El 5 de junio la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En su resolución consideró que el Congreso local cumplió con la consulta “libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada” para avalar la reforma Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas.
En respuesta la CRAC junto al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, condenaron la resolución pues la Suprema Corte “se limitó a analizar documentos fabricados por el Congreso donde se asientan diálogos, asambleas, deliberaciones y decisiones que no se realizaron”.
Añadieron que los ministros no tomaron en cuenta cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, así como tampoco hubo participación indígena en la elaboración del protocolo de consulta.
Denunciaron que trabajadores del Congreso se desplazaron a comunidades para recabar firmas y reuniones rápidas sin información para los pueblos. Además se acusó que obligaron a los comisarios a firmar actas bajo la amenaza de quitarles los programas sociales del gobierno federal.
Alertaron que con la resolución se flexibilizan los requisitos de consulta a los pueblos indígenas y se permite que con simples trámites burocráticos y el llenado formal de documentos las autoridades simulen consultas.
Expresaron que la SCJN no analizó otros aspectos de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley 701 como la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales y la Constitución, el principio de progresividad que obliga a las autoridades reconocer derechos obtenidos.
Los pueblos originarios enfatizaron que no pedirán permiso para ejercer sus derechos, seguirán cuidando sus tierras y territorios ante empresas extractivas, brindarán seguridad y justicia con base en asambleas y gobiernos comunitarios y se impulsará la creación de más municipios indígenas.
Imposición de una Ley
La CRAC y la Upoeg han basado sus sistemas de seguridad y justicia comunitarias en el artículo 214 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y en la Ley 701 sobre Derechos y Cultura Indígena del 2011.
Sin embargo, en 2018 el Congreso local dejó fuera del marco legal la figura de policía comunitaria, lo cual derivó en un juicio de inconstitucionalidad promovida por la CNDH ante la SCJN.
En abril de 2021 la Corte ordenó al Congreso de Guerrero reponer el procedimiento de consulta, por lo que de marzo a mayo de 2022 los legisladores realizaron la consulta que ha sido tachada de simulación y que ahora avala la SCJN.
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