La dependencia otorga apoyos y luego los quita, organizaciones denuncian en Contraloría.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 26 de octubre de 2018
La posibilidad de entrar al mercado canadiense de parte de la cooperativa Mackry de Xochimilco, productora de mermeladas con frutos endémicos, se vio cortado por una política pública de fomento cooperativo que le dio la espalda a las organizaciones locales.
A la cooperativa Labizet, innovadora del concepto granja deshidratadora solar, se le truncó la oportunidad de potenciar su proyecto, que ya beneficia a decenas de campesinos del corredor Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
Un cambio de última hora en los lineamientos del Programa de Apoyo a Cooperativas (PAC) excluyó a las organizaciones que tenían dos apoyos previos o más. El criterio truncó procesos de mayor envergadura como la comercialización a nivel internacional.
Más de 60 cooperativas denunciaron ante la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y la Contraloría General, lo que denominaron irregularidades, al ser dadas de baja de un programa que entre sus objetivos busca la creación de trabajo digno a través de la consolidación de cooperativas y la creación de nuevas.
El criterio que la dependencia usó para excluirlas fue la interpretación de un lineamiento que dice: “Se dará prioridad a aquellas cooperativas que no hayan recibido apoyos económicos” de 2012 a la fecha. Dicho criterio no aparece como ninguna causal de baja publicadas en las Reglas de Operación el 31 de enero de 2018.
Asimismo se usó el término “repetidoras” para definir a las cooperativas excluidas, concepto que tampoco aparece ni en las reglas ni en los Lineamientos de Operación del Comité de Evaluación.
El 29 de agosto, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Evaluación, la secretaria Ejecutiva del comité, Susana Trejo Orozco, pidió dar prioridad a cooperativas nuevas y se fundamentó en el lineamiento vigésimo cuarto. Hubo comentarios de aprobación. En la Primera Sesión Extraordinaria del 09 de octubre, se formalizó ese acuerdo que justificó la exclusión de 74 cooperativas.
Degeneración del fomento
Para el especialista en economía social, el doctor Juan José Rojas, quien ha generado propuestas de políticas públicas a partir de investigar la experiencia de más de 15 años del programa de fomento local, las autoridades dieron la espalda al movimiento cooperativo capitalino.
El investigador define que una verdadera política de fomento debe crear el ambiente propicio para que las cooperativas potencien sus actividades asociativas y empresariales, pero que al mismo tiempo genere procesos de interlocución con el movimiento cooperativo y lo convierta en corresponsable de la política pública.
Rojas identifica que los últimos tres años la CDMX pasó de un proceso de “coconstrucción” de la política pública entre cooperativas y autoridades a uno vertical, que se define desde el escritorio, de arriba para abajo.
“Entramos a una degeneración de la política pública que conduce al clientelismo y al corporativismo”, define Rojas al recordar que en sus inicios la política de fomento en la ciudad involucraba a los cooperativistas en la búsqueda de recursos para el programa y para la legislación misma. Desde que llegó Amalia García en 2015 y con Claudia Luengas en 2018 “se olvidó de todo y ya no se convocó más al Consejo Consultivo”.
Sinuoso camino cooperativo
El 14 de septiembre la STyFE publicó los resultados del PAC 2018, programa que cuenta con una partida de 40 millones de pesos, donde enlistó a 150 cooperativas beneficiarias del subprograma de Fortalecimiento y 110 organizaciones del subprograma de Impulso.
De las primeras, 74 no fueron aprobadas por ser “deudoras”, darse de baja del proceso, ser socio en dos o más cooperativas solicitantes, no cubrir con la documentación y ser “repetidoras”, es decir haber recibido el apoyo dos ocasiones o más.
El asesor de cooperativas, Héctor Valdés, identificó que el concepto de “repetidoras” representaba una irregularidad, puesto que no estaba anunciado así en las Reglas de Operación y de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo no puede haber cambios en las reglas ni incluir requisitos adicionales.
Dentro de las 74 cooperativas rechazadas, 43 manifestaron su desacuerdo a través de escritos a la titular de la dependencia, Claudia Luengas y la responsable de operar el PAC, Susana Trejo Orozco, directora de Promoción al Empleo, así como a su jefe, Gerardo Romero, director General de Empleo Capacitación y Fomento Cooperativo y a la Contraloría interna de la STyFE y general de la CDMX.
El 20 de septiembre representantes de las 43 cooperativas entregaron a la encargada del programa un documento donde rechazaban los resultados por usar criterios no establecidos previamente. Pidieron transparentar los procedimientos ante conductas de colaboradores del programa que generan sospechas, irregularidades e inconsistencias. Además denunciaron un trato indigno de los funcionarios.
Dentro de las cooperativas rechazadas están algunas que han dado vida al movimiento cooperativo en la ciudad como la de cine El Principio, cuyos integrantes, Xavier Robles y Guadalupe Ortega, han sido reconocidos y premiados por su aportación al cine nacional por películas como Rojo Amanecer, Las Poquianchis, así como el documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado.
Otras rechazadas son Imagina Soft, Ecoturismo Olintlalli, Alfarería Artística, La Vaisa del Chocoamaranto, Granut Mix, Toxcatli, Mackry, Amaranto Ricos Sabores, Cerveza Pensil y Pequeños Amacalli. El común denominador de ellas es organizarse de manera autogestiva en diferentes ferias y ser invitadas en actividades organizadas desde el gobierno, además, la mayoría integra el Catálogo de Cooperativas de la CDMX que promueve la STyFE en su sitio digital.
En otro oficio entregado a la Contraloría General con fecha del 16 de octubre, las cooperativas denunciaron la actuación de la funcionaria Susana Trejo Orozco. Lo que las cooperativas piden, en última instancia, es participar en los planteamientos de las futuras reglas de operación del programa.
Además, a nueve cooperativas les quitan el recurso
Nueve cooperativas que habían sido beneficiarias, firmado la carta compromiso para cubrir todos los procesos del programa y asistir a todas las capacitaciones convocadas por el IPN, fueron informadas que se les quitaría el recurso porque entraban en la categoría de “repetidoras”.
El argumento institucional fue que debido al sismo del 19 de septiembre y los cambios de oficina, los expedientes de estas cooperativas se habían extraviado y no se pudo saber que eran cooperativas previamente apoyadas.
Las nueve iniciaron su defensa ante lo que consideraron una injusticia. Entre ellas está Mundo Gel, donde algunos de sus integrantes forman parte de la comunidad LGBTTTI+, considerado como grupo prioritario para el mismo programa.
A Mundo Gel se les negó el disco con las conclusiones del trabajo realizado con el IPN como parte de las capacitaciones. Asimismo, personal de la STyFE les conminó a “darse de baja del programa de manera voluntaria” y a “no reunirse” con las otras cooperativas excluidas.
Las otras cooperativas a las que se les quitó el recurso son De Sonorización y Soporte California, Paletería y Nevería La 68, Capacitación y Diseño Editorial, Crea Imoda, El Arte de Caminar Indígena, Construir en Raíces, Grupo Hortalizas Rojas y Diseño y Confecciones Fajardo.
Fortalecimiento de largo alcance
Como resultado de su investigación sobre la política pública de fomento cooperativo en la ciudad, Juan José Rojas, esbozó algunas características de cómo debería ser ésta: “No paternalista, no intervencionista, no discriminatoria, integral, corresponsable, sostenible a largo plazo y subsidiaria”.
Juan José Rojas opina que debido al contexto en la ciudad y la competencia empresarial, las cooperativas no se consolidan en corto plazo. “Si queremos un cooperativismo fuerte, que genere empleos y distribuya la riqueza, necesitan apoyos de al menos 10 años de manera continua”, sentenció el académico. “El proceso de cada cooperativa es distinto, unas avanzan muy rápido otras de manera mucho más lenta”.
Rojas reconoce la complejidad de diseñar una política pública de fomento, pero recomienda regresar a la interlocución con el movimiento cooperativo, que se reactive y se reelabore el reglamento del Consejo Consultivo para que sea lo más democrático y representativo posible, combinar la representación territorial con la gremial.
Ante el cambio de administración en la STyFE que entrará el 5 de diciembre, sugiere cerrar el ciclo “porque ha sido en su fase final muy perversa, definitivamente el gobierno le dio la espalda al movimiento cooperativo, casi podría hablar de una traición”.
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