Ocasionan graves impactos sociales, culturales, espirituales y en derechos humanos.
En cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 15 de febrero de 2022 para el caso del ejido nahua de Tecoltemi, la Secretaría de Economía (SE) declaró no factible otorgar concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento.
Como resultado del dictamen, la minera canadiense Almaden Minerals ya no cuenta con las concesiones en el territorio y no le serán otorgadas nuevamente por lo que debe abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de actividad dentro de este municipio de la Sierra Norte de Puebla. Con la declaración de la SE resulta improcedente las afirmaciones que en días pasados realizó la minera canadiense y su filial mexicana Minera Gorrión sobre realizar “forzosamente” una consulta.
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y la comunidad de Tecoltemi valoraron la “trascendental” decisión de la SE y las evaluaciones de impacto social y ambiental realizados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con estos estudios el gobierno concluyó que no es factible dar concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán por ocasionar graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.
Desde 2015, la comunidad nahua es acompañado legalmente por el Consejo Tiyat Tlali, Fundar y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC). Las organizaciones subrayaron que esta decisión “respeta y garantiza el derecho a la libre determinación de Tecoltemi y el resto de los pueblos y comunidades de Ixtacamaxtitlán y de toda la Sierra Norte de Puebla”, que defienden su territorio.
Las organizaciones rechazaron las declaraciones de la empresa de que con esta decisión se pueda afectar la seguridad jurídica de las inversiones mineras ya que “se trata de hacer un mínimo de justicia a las comunidades frente a los atropellos a sus derechos humanos y al despojo validado por esta ley neoliberal”. Exigen a Almaden Minerals abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio.
Asimismo, exhortaron al gobierno federal a “no claudicar frente al poder de las mineras canadienses y mantener firme su compromiso de no autorizar concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán y en todo el país”. De acuerdo a datos de Fundar, se han entregado 25 mil 267 concesiones mineras que abarcan una superficie de 21.3 millones de hectáreas del país, “en múltiples casos a costa de la violación sistemática de los derechos de las comunidades”.
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