Almaden Minerals busca reactivar proyecto minero en Ixtacamaxtitlán

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Foto: Diana Pérez

Minera canadiense usa estrategia para dividir y violentar a la comunidad, denuncian organizaciones.

Organizaciones sociales, comunitarias y ejidales denunciaron que la minera canadiense, Almaden Minerarls, ha implementado acciones de división social y confrontación comunitaria para reactivar su proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Repartir dádivas monetarias y en especie a ejidatarios, prometer la entrega de paquetes tecnológicos para el campo, organizar cursos en primaria y bachillerato para fomentar una idea positiva de la mina en la comunidad, o prometer la construcción de una presa donde hay escasez de agua, son algunas acciones de la minera para dividir a la comunidad y generar situaciones de violencia, apuntaron.

La estrategia de Almaden Minerals ha generado que existan grupos pro minera que se han radicalizado en contra de las personas de la comunidad que rechazan a la mina. Por ejemplo, ejidatarios en favor de la mina han exigido que se destituya al actual comisariado que rechaza la privatización de bienes ejidales que beneficiaría a la empresa, destacaron las organizaciones.

Este intervencionismo de la minera canadiense se lleva a cabo a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena cancelar las concesiones mineras en esa zona de Puebla, señalaron la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el Consejo Tiyat Tlalli y otras organizaciones.

Ante la falta de intervención del Estado se podría agravar la violencia e intimidaciones contra las personas defensoras del territorio, señalaron una decena de organizaciones que se manifestaron este día en el zócalo de Puebla. Por ello responsabilizaron a la minera por cualquier atentado que puedan sufrir integrantes de la Unión de Ejidos Atcolhua.

Denunciaron también la presencia de talamontes en la comunidad de San Andrés Tepexoxuca y en el ejido Mexcaltepec, donde los pobladores los han encarado y expulsado de sus terrenos, pero han recibido amenazas de muerte.

Finalmente, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, asumir su responsabilidad de no otorgar nuevas concesiones y exigir a la trasnacional retirarse del país para evitar que se incremente la violencia.

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