Comunidades rechazan evaluación de impactos en Derechos Humanos pagada por Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán

Foto: Poder

En 2017 se presentó estudio sobre dichos impactos liderado por las comunidades y entregado a autoridades.

Comunidades y organizaciones rechazaron la elaboración de un estudio sobre los impactos a los Derechos Humanos que deja el Proyecto Minero Ixtaca, de la empresa canadiense Almaden Minerals, anunciado junto con la elaboración de una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La a Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), el Consejo Tiyat Tlali y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) expresaron que el proyecto de minería a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán, Puebla, es rechazado por las comunidades y no cuenta con autorización ambiental.

Recordaron que la única y válida Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) es aquella liderada por las comunidades, estudio que ya se elaboró, se presentó en 2017 y entregó a parlamentarios canadienses, luego de cuatro años de un proceso participativo dirigido a personas afectadas.

En dicha evaluación se identificaron impactos negativos de la minería a los derechos al medio ambiente, al agua y la salud, así como potenciales riesgos de desplazamiento forzado y falta de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, apuntaron.

Las organizaciones y comunidades rechazaron cualquier “compensación” por las violaciones a derechos humanos que quiere cometer el proyecto minero como lo señala el comunicado de la empresa. “Nuestros derechos humanos no son negociables ni tienen precio”, enfatizaron.

Además, alertaron que en el supuesto proceso se “involucrará” a diversos actores, entre ellos a comunidades indígenas, mismas cuya existencia negaron en 2020 cuando presentaron su MIA.

Descalificaron que la evaluación de la minera tenga un “comité independiente” si es financiado por la misma empresa. “No pueden pagar a alguien para lavarse la cara y convencer a inversionistas que pueden rescatar un proyecto que no fue autorizado por el gobierno y que no es consentido por las comunidades”, apuntaron.

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