Denuncian intentona de regresar a subdelegación territorial con actos de violencia.
El pasado 24 de octubre un grupo de personas irrumpió y tomó con violencia el edificio del Concejo de Gobierno Comunitario (CGC) del pueblo originario de San Andrés Totoltepec, Tlalpan, ante la presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y trabajadores de la alcaldía que portaban chalecos guinda, quienes no evitaron la toma violenta del inmueble ni lo resguardaron.
De acuerdo a testimonios recuperados por este medio, “era gente que estaba preparada para causar destrozos, rompieron vidrios, candados y cerraduras”, convocados por Toribio Guzmán Aguirre, “cacique local”, quien se ostenta como integrante de un “concejo interino”, figura que legalmente no existe, pero que argumenta, fue nombrado en una asamblea. El CGC calificó esta toma como un “acto de usurpación” que pone en riesgo los intereses y derechos de la comunidad.
No es la primera ocasión que algo así ocurre, el 11 de septiembre del 2022 el mismo grupo se apoderó del inmueble, azuzados por el mismo Toribio Guzmán, quien en ese momento tenía el cargo en la Alcaldía Tlalpan de subdirector de la coordinación con los pueblos originarios. Esta primera toma violenta fue denunciada en su momento por el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur. En esa ocasión, el edificio fue resguardado por policías para evitar sacar documentos.
Primer gobierno comunitario en CDMX
El Concejo de Gobierno Comunitario de San Andrés Totoltepec fue el primer órgano de gobierno comunitario conformado en la capital del país. Es una forma de gobierno basada en los usos y costumbres de los pueblos originarios, con reconocimiento en la Constitución de la CDMX en sus artículos 57-59, por el Instituto Electoral de la CDMX y por el Tribunal Electoral de la CDMX, así como de la Alcaldía de Tlalpan en 2019. De 2018 al 2022 tuvo su primer periodo y los nuevos concejales tienen un periodo del 2022 al 2025.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Gustavo Oliveira, define que esta forma de gobierno comunitario como una manera de ejercer la autonomía política del pueblo originario, que en los hechos significa el retiro de las autoridades que ocupan el cargo de subdelegación territorial, nombrados por las autoridades municipales, y en su lugar, instalar a un gobierno colectivo sin participación de los partidos políticos.
Despojo y desarrollo urbano descontrolado
El trasfondo de la toma del CGC es una intentona de regresar a la figura de subdelegado territorial en Tlalpan, dependencia desde donde se han materializado despojos de predios, cambios de uso de suelo (para pasar de uso agrícola o de conservación a uso habitacional), así como la construcción de desarrollos inmobiliarios y un pozo de agua privado, señaló en entrevista Edith García Balderas, originaria de San Andrés Totoltepec y quien fuera parte del primer CGC.
Desde 2010 Toribio Guzmán Aguirre, así como su hermano, Tomás Guzmán Aguirre, han desempeñado el cargo de subdelegados territoriales, bajo las administraciones del PRD. Desde ahí se han otorgado permisos sin consultar al pueblo para desarrollos inmobiliarios como el ubicado en calle Palma 300, o Cerrada Roble 30, donde se autorizaron la edificación de un conjunto habitacional de 90 casas y departamentos pero se han construido 160.
“Lo grave de ese desarrollo es la construcción de un pozo de agua privada”, sostiene García Balderas. El pozo ha sido denunciado legalmente y la obra frenada ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) a través del amparo RA 17/2023.
De acuerdo a la entrevistada la escasez de agua también se ha vuelto un problema. Otros de los predios que han sido autorizados de forma irregular están en Tehuajoloco 33, el cual recibió una suma millonaria de recursos de parte del INVI, y otra obra en la Carretera Federal a Cuernavaca km 20.8, prosiguió el señalamiento.
En su intento por desconocer al CGC, Toribio Guzmán reventó una asamblea comunitaria el 7 de julio de 2024. Ese día manipuló a tianguistas y a locatarios con la amenaza de que se les quitarían los puestos. Desde entonces se asumió como Concejo Interino. Dicha asamblea fue impugnada por los asistentes a la asamblea como terceros perjudicados.
Más allá de estas irregularidades, sobre Guzmán Aguirre existen varias investigaciones por varios delitos, entre ellas despojos, amenazas, allanamiento de morada, portación de armas de fuego sin licencia, la clausura de una gasera clandestina y abuso sexual de una menor de edad. Un reportaje del portal La Silla Rota da cuenta de varias de estas investigaciones.
Estatuto de gobierno de pueblo indígena
Con el objetivo de ejercer su autonomía, libre determinación, fortalecer su cultura y blindar el territorio, el pueblo de San Andrés ha trabajado y aprobado el 8 de mayo de 2022 el “Estatuto de Gobierno del Pueblo Indígena Originario de San Andrés Totoltepec”, documento legal publicado el 10 de abril del 2024 en la Gaceta Parlamentaria.
Dicho estatuto reconoce a la asamblea comunitaria como máxima autoridad, prohíbe la construcción de unidades habitacionales y otros proyectos que afecten los recursos naturales y bienes comunales, sin realizar una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
La ex concejala, García Balderas plantea que la forma de solucionar el conflicto social que se vive en San Andrés es respetar la normatividad, al Concejo de Gobierno, así como al estatuto de gobierno.
En un comunicado el CGC hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, para que no queden impunes los hechos de violencia del 24 de octubre. Asímismo, responsabilizaron de ella a Toribio Guzmán, a Rosa Itzel Espinoza, Janet Torres Barajas, administradores del mercado popular de San Andrés.
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