En próxima asamblea decidirán si permiten la instalación de casillas electorales.
Indígenas de Zirahuén en el municipio de Salvador Escalante, acudieron el viernes pasado al Instituto Electoral de Michoacán para comenzar el proceso para regirse por usos y costumbres. El Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) acompañó a las autoridades comunales y civiles de esta comunidad.
Iván Paz Mendoza, comunero de Zirahuén, afirmó que mediante la obtención directa del presupuesto “nuestro consejo tendría forma de moverse por su propia cuenta ya que no somos atendidos por nuestro propio municipio”, y añadió que al tener presupuesto Zirahuén “podrá decidir como pueblo en qué cosas se ejercerá”.
Tiempos electorales
Comuneras y comuneros de Zirahuén informaron que esta semana se realizará una asamblea para definir si permiten o no la instalación de casillas electorales. El CSIM señaló que también la comunidad Jarácuaro se encuentra en la misma situación.
El Consejo informó que las comunidades indígenas de San Isidro, San Ángel Zurumucapio, Sevina, Aranza, Santa Fe de la Laguna, Nahuatzen, Turícuaro, Sa Felipe de los Herreros, Zopoco, Ocumicho, San Benito de Palermo y Cuanajo, no permitirán instalar casillas.
De acuerdo a datos de David Alejandro Delgado Arroyo, presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, de las seis mil 200 casillas previstas a instalar en Michoacán, 65 podrían no ser colocadas, 55 por petición de las comunidades indígenas y 10 por cuestiones de inseguridad.
Defensa del territorio
El comunero Iván Paz subrayó que desde hace décadas “hemos defendido el territorio, nuestro lago y nuestros bosques, estamos contra el cambio de uso de suelo pues hay megaproyectos turísticos que se buscan hacer en nuestras zonas comunales, con lo que no estamos de acuerdo”.
Uno de los conflictos se centra en un área de noventa hectáreas que los comuneros han reforestado. Paz Mendoza dijo que la Fiscalía General del Estado de Michoacán intervino con mantas de aseguramiento y no les permiten acceder a esos predios, “nos acusan de despojo, pero las tierras son nuestras”.
Añadió que están en contra de la venta de sus recursos ya que “las personas foráneas sólo llegan y no respetan los acuerdos internos, queremos se respete la flora, la fauna, nuestro lago”. Hizo un llamado a la Comisión Nacional Forestal, a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para detener el cambio de uso de suelo y la plantación ilegal de aguacate.
Pável Ulianov Guzmán, coordinador del CSIM, exigió alto a la criminalización de la defensa del territorio de Zirahuén y la entrega inmediata del presupuesto directo a la comunidad. De acuerdo a Flor Esmeralda Árciga Ramírez, jefa de tenencia de Zirahuén, el recurso es de nueve millones 600 mil pesos anuales.
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