El 45% del total de 582 agresiones registradas provinieron de los diferentes niveles del Gobierno.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó su informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras en el país, donde documentó que las agresiones se desbordaron, pues se pasó de 108 “eventos de agresión” en 2021, a 197 eventos en 2022, pero en éstos, se perpetraron un mínimo de 582 “agresiones diversas”, 24 de ellas fueron letales.
Estos primeros datos significan que los eventos de agresión aumentaron 82.4%, mientras que las agresiones diversas, que representan el universo total de las agresiones registradas, se incrementaron 144.5% con respecto del 2021, señaló CEMDA en el informe.
“Desde que el CEMDA empezó a realizar este informe, en 2014, no habíamos tenido un año tan violento”, señala la publicación.
La intimidación (148 registros), el hostigamiento (116), las amenazas (64) y las agresiones físicas (61), son los principales tipos de agresión documentados. El informe destaca que del total de 582 agresiones documentadas el 45% fueron perpetrados por el gobierno en sus distintos niveles.
Sobre las agresiones emitidas por el gobierno, el informe señala que 18 corresponden al gobierno federal, 15 están vinculadas a un gobierno junto a una empresa, 15 provienen de un gobierno estatal, 13 son de gobiernos municipales. Además se registraron agresiones de Fiscalías, Guardia Nacional y Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En el rubro de las agresiones letales, el informe detalla que 24 fueron asesinatos a personas defensoras vinculadas a su labor de defensa ambiental, de la tierra y el territorio. Los estados donde ocurrieron los el mayor número de ataques letales fueron Guerrero (con 7 personas víctimas), seguidas de Chihuahua, Oaxaca y Puebla (con 3 víctimas en cada estado).
Del total de agresiones registradas por estado, sobresale Oaxaca con 34 eventos, Ciudad de México con 27, Chihuahua con 21, Jalisco con 20, Chiapas 19 y Guerrero con 17.
El informe también destaca que de todas las agresiones ocurridas en 2022, el 54% se dieron en comunidades que defienden el territorio ante proyectos extractivos, principalmente del sector minero, aunque también se destacan sectores de biodiversidad, forestal y vías de comunicación.
CEMDA emite algunas recomendaciones al Estado como iniciar los trabajos para la implementación de los acuerdos de Escazú, cesar la estigmatización hacia personas y comunidades defensoras, reconocer públicamente y desde el más alto nivel la labor de las personas defensoras, así como desarrollar una adecuada política pública para su protección.
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