“No puede haber una autentica transformación del país sin la participación del movimiento social”.
Hace dos días comenzaron los trabajos del Parlamento Abierto de las y los Trabajadores convocado desde organizaciones sindicales, sociales y cooperativas, con el objetivo de presentar una agenda legislativa surgido desde el movimiento social.
“No puede haber una autentica transformación del país sin la participación del movimiento social”, señalaron los organizadores al arranque del parlamento, al destacar que “el actual gobierno solo ha consultado a las cámaras empresariales, dejando de lado las propuestas populares”.
En la sesión inaugural se presentó una agenda donde se incluyó una propuesta de reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas impulsada por el colectivo de cooperativas de la Nueva Central de Trabajadores y organizaciones de la economía social y solidaria.
También se presentó la necesidad de hacer una revisión jurídica al sistema de pensiones a través de reformar la Ley de Jubilaciones y Pensiones y la Ley Federal de Trabajo, planteamientos hechos por la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores (Conjupam) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) planteó la necesidad de una abrogación total de la Reforma Educativa y sus aspectos punitivos en contra de las y los profesores de educación básica. En cambio se propuso realizar una reforma por un proyecto educativo emancipador.
Además se planteó el outsourcing como una práctica que lacera derechos de más de 4 millones de trabajadores. Se sostuvo que la iniciativa que se discute en el poder legislativo significaría un paso adelante pero queda corta, se dijo, pues existen diversas figuras que permiten la evasión de responsabilidades de los patrones, como los contratos de pago por horarios, los “becarios”, falsos trabajadores de confianza, entre otros.
Otro planteamiento fue elevar a rango constitucional el Derecho a la Energía, pues es una condición fundamental para poder gozar de otros derechos como la salud, educación y agua. Así mismo se planteó establecer una tarifa social justa.
Por su parte, la Coordinadora Nacional Agua Para Todos apuró la aprobación de una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua, recupere la soberanía hídrica, que el Estado tenga rectoría sobre el agua y que a la población le garantice su derecho a participar en la toma de decisiones y superar la crisis hídrica.
Las organizaciones participantes acordaron elaborar un pronunciamiento dirigido al Senado de la República, a fin de que se tomen en cuenta las opiniones y propuestas vertidas en el parlamento de los trabajadores durante el actual proceso legislativo.
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