Si el Estado no respeta los derechos de los pueblos se convierte en facilitador del despojo, advierte asamblea.
La 35 asamblea de los pueblos maseual, totonaku y mestizo para la Defensa del Territorio y Construcción de Planes de Vida exigieron al Estado Mexicano, respetar sus derechos como pueblos originarios, pues de no hacerlo “se convierten en facilitadores del despojo, la destrucción y la división de los pueblos”.
Ante la presencia de habitantes de 36 comunidades de Puebla y Veracruz y de organizaciones como el Consejo Maseual Altepetajpianij, Consejo Tiyat Tlali, Comité de Ordenamiento Integral de Cuetzalan (Cotic) y la Red de Defensa de los Derechos Humanos, la asamblea denunció diferentes violaciones a sus derechos de parte de autoridades.
Exigieron a la Secretaría de Economía no autorizar ninguna concesión minera más en Ixtacamaxtitlán, pues se pondría en riesgo la vida de cientos de comunidades a lo largo de la cuenca del río Apulco y se crearían condiciones para una confrontación entre pobladores.
Informaron que el viernes 16 de diciembre integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades Alcolhua se reunieron con la titular de Industrias Extractivas de Economía, a quien le dieron argumentos sustentados sobre la inviabilidad para realizar minería en su territorio, sin embargo no se logró el compromiso para no volver a expedir concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán.
Además, el Consejo Maseual Altepetajpianij comunicó que el Tribunal Colegiado del Juzgado Quinto de Puebla ordenó registrar como insubsistentes las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila y realizar una consulta al pueblo maseual, sin embargo esto último fue considerado una revictimización de la violación a los derechos de los pueblos originarios.
“No podemos permitir que nos quieran consultar después de haber pasado por alto nuestro derecho al consentimiento”, señaló el Consejo Maseual y agregó que han apelado que la sentencia “debe otorgar al pueblo maseual el estándar más alto en autonomía y consentimiento”, como fue ordenada en la 33 asamblea de los pueblos maseual, totonaku y mestizo.
Por su parte el Cotic hizo un llamado para construir nuevos Ordenamientos Territoriales como instrumentos de protección y no permitir la entrada de ningún megaproyecto, ya sea minero, hidroeléctrico o de hidrocarburos.
Finalmente, habitantes de San Felipe Tepatlán denunciaron que el juez Miguel Arroyo Herrera, titular del Juzgado Primero de Distrito en Puebla, emitió una sentencia negando el derecho al amparo al pueblo totonaco de Tepatlán y Altica, con lo que validó los actos de autoridad que otorgaron permisos para el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que beneficia a Walmart.
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