Rema acusa contubernio entre gobierno, empresas mineras y crimen organizado.
Las personas defensoras del territorio José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, fueron asesinadas el 29 de abril en el ejido El Bajío, municipio Puerto Peñasco, Sonora. Sus cuerpos fueron hallados con una cartulina con los nombres de otros 13 ejidatarios opositores a la Minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), acusó que el asesinato de sus integrantes y la amenaza para los demás opositores al proyecto minero, son producto del modelo extractivo y de un contubernio entre gobierno, empresarios mineros y el crimen organizado.
La organización ambientalista recordó que esta agresión contra José de Jesús y su esposa María de Jesús no fue la primera, pues en septiembre de 2017 fue detenido y levantado afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la Secretaría de la Defensa Nacional y sin orden judicial.
Integrantes del ejido El Bajío señalaron en una amplia denuncia que los asesinatos se dan en el contexto de lucha contra la Minera Penmont, propiedad del millonario Alberto Baillères, a quien acusan de invadir y saquear sus tierras.
Los ejidatarios señalaron a Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como la persona que está detrás de amenazas, amedrentamientos, detenciones, golpizas, robos, desapariciones y muertes. Ese personaje fue denunciado desde octubre de 2016 por el defensor y ex presidente ejidal José de Jesús Robledo Cruz, hoy asesinado.
“Desde la entrada del tío de la gobernadora empezamos a sufrir el acoso de grupos criminales. Pavlovich Durazo extraía oro de las pilas de lixiviación que la Minera Penmont se vio obligada a abandonar cuando fue desalojada el 13 de junio de 2013”, apuntaron integrantes de ejido el Bajío en un documento.
El ejido recordó que el 12 de febrero de 2018 también fueron asesinados Raúl Ibarra de la Paz así como su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez, y sus cuerpos desaparecidos. Sobre la primera agresión contra José de Jesús Robledo Cruz, los ejidatarios acusaron a gente armada al servicio de Rafael Pavlovich Durazo.
Minera Penmont llegó a El Bajío hace 18 años y desde entonces la defensa organizada de los ejidatarios había logrado varias sentencias en favor del ejido, como la suspensión de la actividad minera y la devolución de las tierras ejidales. Así como la obligación a Rafael Pavlovich de devolver 1,824 hectáreas ejidales que ocupaba de forma ilegal.
Para la Rema, el asesinato de sus integrantes ocurre en el contexto de la exigencia de cumplir las resoluciones judiciales, que incluyen pagar rentas a los ejidatarios, la devolución del oro extraído ilegalmente y la restauración del deterioro ambiental.
La organización acusa que con el gobierno, denominado 4T, “el modelo extractivo opera en abierto contubernio con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el uso de las fuerzas armadas legales (como la Policía Minera) y grupos armados ilegales, relacionados con el crimen organizado”.
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