Informe “Represa de Violencia” evidencia el vínculo entre funcionarios de alto nivel y personal de la trasnacional DESA.
Foto: GAIPE
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 01 de noviembre de 2017
A Berta Cáceres la intentaron matar desde noviembre de 2015, fecha en que dio comienzo la lucha de resistencia del pueblo lenca contra la Represa Agua Zarca en Honduras, destaca el informe presentado por un grupo de expertos internacionales que hizo una investigación independiente a solicitud de familiares y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El asesinato de la indígena lenca ocurrió el 2 de marzo de 2016 en la Esperanza, departamento de Intibuctá, Honduras, ante la presencia e intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, pero existieron intentos previos los días 5 y 6 de febrero, señala el informe “Represa de Violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”.
La investigación fue presentada ayer en Tegucigalpa, Honduras, en conferencia de prensa donde se afirmó que se encontraron evidencias del vínculo entre funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato de la defensora ambientalista.
El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), fue integrado por los especialistas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado, Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado, a raíz de las sospechas de un trabajo sesgado de parte de autoridades hondureñas y la solicitud de familiares y el COPINH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas.
El GAIPE tuvo acceso a registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros, de ocho personas detenidas por las autoridades de Honduras.
Del informe se concluye que “el asesinato de Berta Isabel Cáceres no es un hecho aislado”. Además evidenció las estrategias de los socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa DESA, funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho a la consulta, previa, libre e informada del pueblo lenca.
Se documentó una estrategia para controlar cualquier oposición al proyecto Represa Agua Zarca que buscaba “generar ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado”.
El informe plantea algunas recomendaciones a las autoridades locales entre las que se destaca revisar y en su caso revocar la concesión, contratos y licencias del Proyecto Agua Zarca. Además cumplir el compromiso del presidente hondureño, Porfirio Lobo Soso, firmado en 2011, de “no autorizar la construcción de represas en las comunidades Lencas sin la realización de las consultas libres, previas e informadas”.
