Las comunidades afectadas denuncian que el Registro Agrario impide la defensa de su territorio.
Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera (CRAADET) de la Costa Chica de Guerrero se manifestaron el pasado 19 de junio en la sede del Registro Agrario Nacional (RAN) en Chilpancingo, para denunciar que el RAN y la Procuradoría Agraria (PA) se niegan a reconocer los estatutos comunales de cinco asambleas comunitarias de la Región.
En la conferencia de prensa del CRAADET dieron a conocer que después de 9 meses de espera, el RAN rechazó la inscripción de los estatutos comunales y reglamentos internos de las comunidades San Miguel del Progreso, Tilapa de Guerrero y Colombia de Guadalupe, en el Municipio de Malinaltepec; de Tenamazapa en Tlacoapa, y de San José Vistahermosa en Iliatenco.
El CRAADET acusa al RAN, a la PA y a los Tribunales Agrarios de Guerrero de “violentar sistemáticamente nuestros derechos agrarios” de pueblos indígenas y afromexicanos. A su parecer, la razón principal es que los estatutos aprobados por las asambleas comunitarias afectadas prohiben “todo tipo de despojo y explotación de nuestros bienes naturales”.
En opinión de las comunidades afectadas, es “lamentable” que las instituciones agrarias del Estado generen desgaste económico a las comunidades, además de “ofenderlas con su ineptitud, incapacidad e ignorancia”, al no respetar sus usos y costumbres ni derecho indígena interno ni cumplir sentencias dictadas en materia de justicia agraria.
“De facto, facilita las condiciones para el potencial ingreso de empresas nacionales, extranjeras y trasnacionales” y también “viola de forma el derecho al ejercicio de nuestra libre determinación”, según expresaron los portavoces del CRAADET. Asimismo, señalan que las autoridades agrarias buscan que “dejemos de vernos de forma colectiva y pasemos a mirarnos como pequeños propietarios”.
Mientras las autoridades agrarias de Guerrero rechacen el registro de los estatutos comunales impiden realizar “actos legales contra terceros” y les “mandan un mensaje absurdo y racista, dispuestos a imponerse por encima de los acuerdos de nuestras asambleas”. Lo que para ellos evidencia el “incumplimiento de sus propios procedimientos”.
De acuerdo con el CRAADET, el procurador agrario estatal, Luis Hernández Palacios, sigue la estrategia del Gobierno Federal de culpar a los “gobiernos anteriores de neoliberalismo, la migración y el envejecimiento de los ejidatarios”, cuando ellos mismos no permiten la gobernanza interna de las asambleas ni resuelven el problema del crimen organizado que asola a las comunidades.
En un mensaje dirigido al Procurador Agrario, expresaron que “su institución es quien atenta directamente contra nuestra libre determinación y autonomía al negar el registro e inscripción de nuestros actos, que evidentemente nos deja en vulnerabilidad jurídica”.
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