“Podemos alcanzar la autosuficiencia alimentaria sin transgénicos ni monopolios”.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 08 de julio de 2015
Campesinos, ambientalistas, activistas, científicos, defensores de derechos humanos y cooperativas celebraron dos años de haber frenado la siembra de maíz transgénico en México a través de un juicio de demanda colectiva.
El 5 de julio la demanda colectiva cumplió dos años y es considerada a nivel internacional como una defensa emblemática, como “el reto legal más importante contra los cultivos transgénicos en el mundo”, afirmaron en conferencia de prensa representantes de la colectividad.
El juicio en defensa del maíz nativo y contra el transgénico, presentada por 53 personas y 20 organizaciones, ha tenido a la fecha 93 impugnaciones por parte de dependencias de gobierno y empresas de biotecnología como Monsanto y Syngenta, informó René Sánchez Galindo, representante legal de la demanda colectiva.
Asimismo se han ganado 22 juicios de amparo, 4 de ellos del gobierno federal, 8 de Monsanto, y el resto presentados por las demás empresas de biotecnología, agregó el abogado. Explicó que esas impugnaciones ganadas fueron en contra de la suspensión de la siembra provisional; sin embargo el juez está por decidir si otorga una suspensión de siembra definitiva, esto es, hasta que el juicio concluya, añadió el representante legal.
Lo que el juez ha escuchado
Durante el proceso, las empresas y las dependencias han tenido que aportar al juez elementos con los cuales debe basarse para emitir su fallo, explicó Sánchez Galindo.
De esta forma Monsanto ha tenido que reconocer que todas las solicitudes que ha hecho de siembra de maíz transgénico utilizan glifosato. También reconoció que existe flujo génico, que se mueven los genes en todo el país entre maíces no transgénicos.
Por su parte Syngenta, otra de las empresas de biotecnología, reconoció ante el juez que pueden ocurrir intercambios de semillas transgénicas en todo el país, que las semillas salen de su lugar de siembra por manos humanas y llegan a distancias muy lejanas.
A su vez la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) reconoció que durante la suspensión provisional de siembra de maíz transgénico, la producción de maíz nativo creció, “esto quiere decir que la suspensión no causa ningún daño a la producción del maíz”, explicó Sánchez Galindo.
Durante este proceso la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo técnico de consulta formado por varias dependencias gubernamentales, presentó varios estudios donde reconocía que si se siembraban transgénicos los costos iban a crecer en comparación de las producciones con semillas nativas.
La SHCP, que también fue requerida por el juez, reconoció que durante estos dos años de suspensión las importaciones de maíz disminuyeron. Finalmente la Secretaría de Salud (SS) le dijo al juez que no ha hecho ningún estudio, no ha revisado ninguna consecuencia, y no hace nada en materia de transgénicos, por lo tanto todas las autorizaciones que ha otorgado (a través de la Cofepris), las considera dirigidas al ganado o a la industria, es decir, Salud no ha considerado que el maíz transgénico vaya al consumo humano.
Transgénicos han generado supermalezas
Por su parte los productores campesinos, en voz de Víctor Suárez, representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (Anec), presentaron argumentos para afirmar que se puede producir sin transgénicos ni monopolios.
“Los pequeños y medianos productores del país estamos afirmando clara y rotundamente que podemos alcanzar la autosuficiencia alimentaria sin transgénicos y sin monopolios”, expresó Suárez. El representante de Anec desmintió varios de los argumentos esgrimidos por las empresas transgénicas a partir de estudios elaborados por el departamento de Agricultura en Estados Unidos. “Es una falsedad que los transgénicos, en el caso del maíz, aumenten los rendimientos”, afirmó.
“Si comparamos el rendimiento del maíz transgénico en EU y el rendimiento del maíz no transgénico en Sinaloa, con datos de Estados Unidos y con datos de la Secretaría de Agricultura en México, se demuestra que el rendimiento promedio en los últimos 5 años es similar, alrededor de 9.8 tonseladas por hectárea en EU y de 9.7 en Sinaloa”.
También afirmó que con los transgénicos no se disminuye el uso de agroquímicos. Si bien en 15 años ha disminuido el uso de insecticidas (con ambos tipos de maíces), se ha incrementado el uso de herbicidas, “sobre todo en el transgénico, porque la resistencia al glifosato ha generado supermalezas“, sentenció.
En los campos de maíz de EU se han identificado 14 tipos de supermalezas, dijo Víctor Súarez, lo que han generado la necesidad de aplicar mayores cantidades de herbicidas (como el rand up, producido por Monsanto).
El representante de las organizaciones campesinas informó que Monsanto (la empresa número uno en transgénicos) está por adquirir a Syngenta (la empresa número dos) por 45 mil millones de dólares. Si se concreta esta compra Monsanto tendría en sus manos el 75% de las patentes en biotecnología a nivel mundial y profundizaría la dependencia de la agricultura americana a los monopolios, afirmó Suárez.
Modelo de producción sustentable
Ante ello los pequeños productores de México “tenemos la alternativa”. Se puede producir con otro modelo sustentable con mayores rendimientos, menores costos y sin agroquímicos, afirmó. “Diversas organizaciones de Anec han demostrado que pueden producir los mismos rendimientos de 9.7 toneladas por hectárea sin uso de agroquímicos y con un costo de producción de mil pesos por tonelada”.
“Es el momento de que la sociedad mexicana le exija al gobierno mexicano que deje de ser rehén de los chantajes de las empresas de biotecnología que sólo tiene interés en la acumulación de ganancias a cualquier costo”, sentenció Víctor Suárez.
Estuvieron presentes en la conferencia de prensa Adelita San Vicente, representante de la colectividad que interpuso la demanda; el presbítero Miguel Concha, defensor de derechos humanos; el abogado Bernardo Bátiz; Francia Gutiérrez, integrante de la Campaña Sin maíz no hay país; el doctor Antonio Turrent, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
También estuvieron Pánfilo Hernández, campesino e integrante del Grupo Vicente Guerrero, de Tlaxcala; Argelia Arriaga, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; y Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
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