Destaca un crecimiento cooperativo en la región y un debilitamiento en México
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó el libro “Instituciones y políticas públicas para el desarrollo cooperativo en América Latina” con el objetivo de examinar la situación del cooperativismo en ocho países de la región, entre ellos México. La publicación puede consultarse de forma gratuita en su versión digital.
La edición fue coordinada por Felipe Correa Mautz, asistente de investigación en CEPAL, quien destacó que de 2008 a la fecha se ha triplicado el crecimiento de cooperativas y esto da cuenta, posiblemente, de “un importante proceso de fortalecimiento institucional y político”.
Razones para fortalecer al cooperativismo
Por su parte, la secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, señaló en el prólogo que existen justificadas razones para querer fortalecer al sector cooperativo, entre ellas que tienen un nivel de productividad igual o mayor que las empresas privadas, en condiciones similares.
Además, prosiguió Bárcena, se ha constatado que el empleo generado por las cooperativas presenta más estabilidad, lo cual es relevante en un contexto como la crisis causada por el Covid-19 donde las familias vieron caer sus ingresos o han perdido su empleo.
Otra razón para fortalecer a las cooperativas de acuerdo a Bárcena, es que representan maneras distintas de abordar el desarrollo productivo, económico y sostenible. Por ejemplo, dice, aspiran a la democracia política, económica, cuidado de la comunidad y medio ambiente, se preocupan por la inclusión social, de género y desarrollo humano de las personas trabajadoras.
Caso mexicano
En el capítulo VIII se aborda el caso mexicano. El investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, el doctor Juan José Rojas Herrera, analiza las políticas públicas de fomento cooperativo durante las primeras dos décadas del Siglo XXI.
El académico recuerda el compromiso explícito del Estado mexicano para el crecimiento del sector social de la economía plasmado en el artículo 25 Constitucional, ratificado y validado en la Ley de Economía Social y Solidaria del 2012; sin embargo, señala, no se refleja en planes y programas vigorosos y en asignaciones presupuestales para atender con suficiencia a la población potencial de dicho sector.
“Resulta particularmente preocupante el hecho de que en los últimos dos años la política pública de fomento a la economía social y el cooperativismo exhiba un proceso acelerado de debilitamiento que ha llegado a un punto crítico con la decisión de no asignarle presupuesto alguno al PFES en el ejercicio fiscal 2021”, apunta Rojas Herrera, lo que conduce a una situación “legalmente injustificable”.
El académico concluye que el Instituto Nacional para la Economía Social (INAES) no puede seguir como una institución dispersora de subsidios entre población vulnerable, y si bien no hay consenso sobre la forma en que se debe fortalecer a la institución ni la orientación que debe seguir la política pública, no se deben imponer las decisiones a los actores de la economía social sin agotar el diálogo y concertación.
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