Corredor Interocéanico, Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería Dos Bocas, Proyecto Integral Morelos y Tren Maya violan gravemente derechos humanos, sostienen.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 12 de agosto de 2020
Integrantes de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista-Antipatriarcal y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) interpusieron dos recursos legales a nivel nacional e internacional contra cinco megaproyectos emblemáticos del actual gobierno por considerarlos violatorios de Derechos Humanos.
Las organizaciones interpusieron una demanda de amparo indirecto en el Juzgado Decimoquinto en la Ciudad de México contra el Corredor Interocéanico, el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos y el Tren Maya.
Además, metieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que dichos megaproyectos violan los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales firmados por México como el 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
En conferencia de prensa, el abogado especialista en derecho agrario, Carlos González, señaló que los cinco megaproyectos obedecen a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y han sido impuestos.
“Nunca han sido consultadas las poblaciones afectadas, particularmente poblaciones indígenas”, destacó el asesor legal, por ello “se debe hacer un procedimiento específico adaptado a estándares internacionales que marcan los convenios, de los cuales México es parte a nivel constitucional”.
Por su parte, el activista y poeta maya, Pedro Uc, sostuvo que las comunidades no fueron consultadas de manera libre, previa, informada, ni de buena voluntad. Añadió que las próximas consultas para evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya son violatorias de los derechos de los pueblos, pues el proyecto no ha sido avalado por las comunidades y no se debería avanzar legalmente.
El poeta maya apuntó que en los juzgados existe el racismo, no hay jueces indígenas, ni se consideran las formas de organización de los pueblos, fueron leyes construidas desde una perspectiva occidental. Aún así y con el uso de las leyes para el beneficio del Gobierno, “nosotros hemos sabido encontrar los resquicios y recovecos de estas leyes para defendernos”.
Finalmente, Víctor Caballero, del colectivo Aequus, señaló que los recursos legales se emitieron porque los megaproyectos nos afectan a todos en distintas circunstancias, desde los hábitats, ecosistemas, agua, zonas arqueológicas, la pluriculturalidad y la propia geopolítica. Por ello, sostuvo, si bien son violatorios de los derechos de los pueblos indígenas, debieron ser materia de consulta para todos los mexicanos.
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