Comunidades de Oaxaca logran amparo que frena hidroeléctrica

Juez ordena consultar a las comunidades y suspender decretos de veda.

Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 12 de marzo de 2019

Comunidades, pueblos y organizaciones de Oaxaca asentadas en lo largo del Río Verde lograron amparos que frenan la construcción de la hidroeléctrica Paso de la Reyna y en contra de la privatización del agua.

El amparo demuestra que el levantamiento de las vedas (que realizó Peña Nieto en 2018) se hizo sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos. Lograr el amparo significa que el decreto no pueda entrar en vigencia hasta que se resuelva el tema de la consulta y que ninguna persona pueda acceder a esa concesión en esa parte del río, salvo la propia comunidad, explicó Ana María García, integrante de Educa Oaxaca.

Los amparos interpuestos por el Comisariado de Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, en defensa del Río Verde como zona de reserva, señala que, para la comunidad y poblaciones aledañas, el Río Verde es “la madre de nuestras aguas, es el ser que brinda vida a nuestros pueblos”.

El 14 de marzo se realizará una rueda de prensa, convocada por comunidades y organizaciones en el ejido Paso de la Reyna, para anunciar el resultado del amparo y las acciones que emprenderán una vez recibida la notificación formal.

El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Servicios para la Educación Alternativa (Educa) y el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) convocaron a la conmemoración del Día Internacional Contra las Presas y en Defensa del Río Verde, los días 14 y 15 de marzo del 2019.

El objetivo de la defensa del Río Verde es elevar las voces contra los proyectos de gestión de agua, recuperar el bienestar de las cuencas hidrográficas y exigir la gestión equitativa y sostenible de los ríos, señaló el Copudever.

En 2018 Enrique Peña Nieto impulsó decretos que suprimieron las vedas existentes en algunos ríos y creó zonas de reservas para otros. En el caso de Oaxaca el decreto afecta al Río Verde y permite utilizar el 70% del agua del río para cualquier otra actividad preferente a minerías o la generación de electricidad.

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