Concesiones de agua podrán ser usadas por terceros de forma total o parcial en tanto subsista la emergencia.
La Comisión Nacional de Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicaron una Declaratoria de Emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en cuencas en México. Esto porque alrededor de tres cuartas partes del país sufren falta de lluvia, poco más de la mitad experimenta sequía severa a extrema y sólo la octava parte no tiene afectaciones.
La declaratoria, que entra en vigencia el 13 de julio, señala que los estados con sequía extrema son Chihuahua, Sonora, Coahuila y Baja California, mientras que en sequía severa están Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa.
Además se emiten medidas para regular las concesiones de agua, entre ellas, los titulares de las concesiones deberán avisar a la Conagua para proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas.
También deberán:
– Ceder o transmitir temporalmente a la Autoridad del Agua, sus derechos y solicitar la interrupción de la caducidad de los volúmenes concesionados que no utilicen, en tanto subsiste la emergencia.
– Tratándose de usos industriales y agrícolas, la Autoridad del Agua, verificará que los volúmenes que se transfieran o cedan temporalmente, se entreguen directamente a la red de distribución en coordinación con el organismo operador, en tanto subsista la emergencia.
– En el caso de otros usos, se analizará también la conveniencia de una conexión directa a la red.
Además, la Conagua podrá ejecutar medidas transitorias como la limitación temporal a los derechos de agua existentes, reducción provisional de volúmenes a los usuarios de las cuencas que se encuentren en condición de sequía severa, extrema o excepcional, a fin de abastecer agua para uso doméstico y público urbano a poblaciones que se encuentren sin ella.
Los millonarios del agua
De acuerdo a la investigación elaborada por Wilfrido A. Gómez-Arias y Andrea Moctezuma, “Los Millonarios del Agua: Una aproximación al acaparamiento del agua en México”, a partir de la implementación de Ley de Aguas Nacionales de 1992, Conagua otorgó a 3 mil 304 grandes usuarios privados concesiones para extraer un millón de metros cúbicos de agua o más al año.
Estos concesionarios, denominados por los investigadores, “los millonarios del agua”, comprenden diferentes tipos de empresas (966), asociaciones civiles (801) y personas físicas (1,537) que emplean el agua principalmente para uso agrícola, industrial, diferentes usos, servicios o combinaciones.
La investigación señala que la Ley de Aguas Nacionales obedeció a políticas neoliberales impuestas por países como Estados Unidos y a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para dar certeza a la inversión privada, proceso que ha sido denominado como “neoliberalización del agua”.
Aunque también existan usuarios de carácter público y social que emplean un millón de metros cúbicos de agua al año, esta política ha impulsado una concesión masiva y acaparamiento de agua a actores del sector privado sin importar si se pone en riesgo el bienestar colectivo o se degrada la calidad de agua, expone el estudio.
Estancada la Ley General de Aguas
Desde el año 2020 ingresó al Congreso de la Unión una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, la cual no ha sido discutida ni dictaminada pese a contar con más de 200 mil firmas y el respaldo de varios legisladores de diferentes partidos políticos.
Dicha ley busca sustituir la vigente Ley de Aguas Nacionales y tiene como principio reconocer al líquido como derecho humano, evita su mercantilización, plantea modificar el sistema de concesiones por uno que respete los derechos de las comunidades y propone la participación ciudadana desde comités, asambleas, juntas municipales hasta llegar a un Consejo Nacional de Aguas.
Además de restaurar cuencas y flujos subterráneos, corregir la sobreexplotación y el acaparamiento, reconocer los derechos al agua de los pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios, crear la Procuraduría del Agua y Ambiente, así como financiar el acceso equitativo y sustentable del agua.
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