Investigación expone contaminación e indefensión de comunidades en Oaxaca
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han confiado más en los estudios de agua y suelo pagados por la Minera Cuzcatlán que en los realizados por sí mismas. Lo anterior dentro de los derrames de desechos que la minera ocasionó hacia el arroyo El Coyote en Magdalena Ocotlán, Oaxaca, en 2018 y 2020.
La investigación periodística “Con licencia para contaminar”, realizada por Santiago Navarro y Renata Bessi del medio Avispa Midia, expone el modo que las autoridades han relegado los estudios que plasman evidencia de contaminación, mientras que han priorizado los presentados por la minera, mismos que realizaron con posterioridad y en condiciones distintas.
Autoridades encuentran contaminación
Con las muestras tomadas y de acuerdo a sus registros se identificaron metales pesados por arriba de lo permitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CECA) en el uso pecuario y riego agrícola. En el arroyo se encontró que el hierro rebasó hasta 1,845.8% los límites permisibles, el aluminio alcanzó hasta el 955.12%, mientras que el plomo el 167%. Resultados que se expresaron en un oficio que acepta que se esta “contaminando el arroyo El Coyote”.
Cuando Conagua notificó a Minera Cuzcatlán que había abierto un “procedimiento administrativo” por la contaminación del derrame, también determinó la implementación de tres medidas urgentes que la empresa debería realizar, dos encaminadas a mejorar sus instalaciones y que fueron cumplidas.
Los análisis de la minera
No obstante los primeros diagnósticos de la autoridad ambiental que señalaban contaminación, la postura cambió con base en nuevos análisis realizados por las consultoras y laboratorios pagados por la Minera Cuzcatlán. La tercera medida era que la empresa presentara un programa de remediación que evaluara los riesgos al ambiente y a la salud de las comunidades afectadas, para determinar las acciones de solución.
En esta tercera medida la Conagua dio a la empresa la oportunidad de presentar un nuevo análisis del área afectada. La minera presentó un programa de acciones para remediar las afectaciones. Así preveía la realización de nuevos muestreos de agua para determinar la afectación y en su caso formular el programa de remediación.
Conagua acepta los resultados de la minera
El nuevo muestreo lo realizó un laboratorio privado 71 días después del derrame, y analizado por consultores también contratados por la empresa. Las resultados se tomaron un rumbo distinto, pues se hizo en condiciones diferentes y con un muestreo distinto. El estudio concluyó que las concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites permisibles, y se determinó que no hubo afectación al arroyo.
De acuerdo al funcionario encargado, la contaminación ya no estaba ahí porque “el agua corrió, corrió, corrió” “a otro lado”, recoge la investigación.
Profepa no ve necesarios estudios diferentes a los de la minera
En el caso de la Profepa, esta no tomó las muestras de suelo, a su juicio Minera Cuzcatlán debía realizar los estudios correspondientes. Así la empresa contrató a un laboratorio que recogió las muestras diez días después del derrame. El área de Profepa que se encargó de revisarlos emitió una opinión técnica que señalaba que sí existía contaminación por talio.
Minera Cuzcatlán buscó argumentar que los metales pesados identificados en el suelo no eran su responsabilidad. Así contrató a tres distintas consultorías ambientales para analizar los resultados del laboratorio que reconoce la presencia del talio. Las tres consultoras desconsideraron la presencia de este metal y argumentaron que no representaba riesgo a la salud y medio ambiente.
Error de dedo
Los resultados de nuevos análisis ya no arrojaron presencia de talio pero sí de nuevos metales como bario y vanadio por arriba de las normas que superaban en 50% y 72.9%. Al final Profepa desconsideró todos los análisis de las consultoras “en atención a la inquietud” de Minera Cuzcatlán. El laboratorio Intertek concluyó que había cometido un error en los datos que indicaban talio por arriba de las normas.
Así Profepa concluyó que por el “motivo de un error (…) en la transcripción de los resultados” se determinó que la presencia de metales pesados no rebasaba los límites permitidos por las normas, “concluyendo que el suelo no requiere de remediación”, cita la investigación.
Indefensión de comunidades
El 13 de julio del año 2020 se volvió a detectar una nueva contaminación y las instancias ambientales realizaron estudios del agua y de los sedimentos. Dos meses después, Ernesto Faustino González Vázquez, jefe de proyecto de impacto ambiental de Conagua en Magdalena Ocotlán, ante la pregunta de si había o no metales pesados en su agua respondió:
“Les pusimos en negrita aquellos que están por encima del límite (…) no hay ningún metal pesado, el aluminio es el que está por arriba”.
Ante la insistencia del equipo de investigación periodística sobre si sabía, cuáles son las afectaciones de este metal, dijo: “no soy médico, yo solo sé que está por arriba”.
Sin buscar la participación de expertos independientes, con muchas contradicciones, con falta de información a las comunidades, sin conocer los impactos ocasionados a la salud de los pobladores, pero con plena confianza en las mineras, las autoridades encargadas del medio ambiente han eximido a la Minera Cuzcatlán
Con información de Avispa Midia
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