Campaña Sin Maíz No Hay País llama a detener reforma y a someterla a consulta previa, libre e informada.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País denunció que la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, impulsada por legisladores de varios partidos, implica la privatización de las semillas y la criminalización de campesinos y de comunidades originarias.
Esta iniciativa de reforma, advirtió Sin Maíz No Hay País, protege los intereses comerciales de trasnacionales y viola el derecho a la conservación de la biodiversidad, a una alimentación adecuada, y el derecho de las comunidades al libre intercambio de semillas.
Por ello, la organización integrada por personas académicas, campesinas y comunidades llamaron a detener dicha reforma y a someterla a la consulta previa, libre e informada, como lo marca la OIT, así como a un proceso de Parlamento Abierto.
Privatización de semillas
De aprobarse la iniciativa se prohibirían prácticas milenarias de comunidades como el intercambio de semillas, su selección y resguardo para la siguiente siembra o venta, por lo que generaría una dependencia a la compra de semillas a corporaciones como Bayer-Monsanto, Corteva y Syngenta, que controlan 65% del mercado mundial de agroquímicos y el 61% del mercado de semillas, señaló la organización.
Las variedades de semillas generadas a partir del intercambio estarían más acotadas a un número no sujetas al reclamo de propiedad intelectual pues serían consideradas “esencialmente derivadas”, abundó Sin Maíz No Hay País. Este número podría llegar a ser nulo como consecuencia de la inevitable contaminación de variedades protegidas o patentadas hacia las nativas, añadió.
Además, la reforma permitiría a cualquier persona o empresa registrar como propia cualquier descubrimiento de organismos vegetales que no estén registrados previamente, aunque se trate de patrimonio de comunidades originarias, pueblos o campesinos, alertó.
Las empresas podrían privatizar y apoderarse del patrimonio del campo mexicano con una mínima modificación a las semillas, expuso.
Criminalización
De acuerdo a Sin Maíz No Hay País la iniciativa prevé multas “altísimas” y sanciones punitivas y desproporcionadas con la realidad del sector campesino, incluso cuando “el perjudicado” manifieste una denuncia bajo “temor fundado”.
El procedimiento administrativo de nulidad, revocación e infracción administrativa que prevé la iniciativa es muy complejo y desfavorable para los campesinos, sostuvo.
“Es falso que esta reforma a la ley proteja los derechos campesinos y que se puedan usar granos de uso propio”, destacó. En la práctica se criminaliza a quien intercambia semillas, pues si una persona productora cuenta con una semilla que tiene genes o segmentos de información genética de variedades patentadas, las variedades nativas “acriolladas” pertenecerán a quien tiene la patente, apuntó.
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