Presentan Anuario de actividades extractivas en México.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 07 de junio de 2017
La industria extractiva en México, una de las más favorecidas con la Reforma Energética, se impone a las comunidades sin realizar consulta previa, libre e informada, genera cuantiosas ganancias a las empresas y reportan mínimos ingresos a la federación.
Así lo advierte el anuario de actividades extractivas 2016, que realizaron investigadores de Fundar Centro de Análisis e Investigación, coordinados por Aroa de la Fuente y Beatriz Olivera.
Privilegios a empresas
El anuario, presentado ayer, señala que la Reforma Energética pone en condiciones de vulnerabilidad a las comunidades y sus territorios, al incluir figuras jurídicas como la “servidumbre legal, la ocupación y la afectación superficial de la tierra”, que privilegian intereses de empresas por encima de los derechos humanos.
Facilitar las inversiones en la industria extractiva a costa de los pueblos ha incrementado los conflictos socioambientales en el país, añade el anuario. Por el contrario, los ingresos generados por esta actividad a las finanzas públicas son mínimos.
Aroa de la Fuente señaló que “aunque la contribución de la extracción de petróleo ha representado históricamente una importante contribución a los ingresos públicos y, en 2016 aún representó 16% de los mismos, este no puede seguir siendo el argumento utilizado para impulsar esta actividad por encima de los derechos de las personas y comunidades”.
Por su parte “la minería aporta el 0.32% de los ingresos del Gobierno Federal, que contrasta con los impactos en salud, agua y biodiversidad que genera”, apunta el documento.
País concesionado
El anuario identifica que en 2016 ingresaron nuevos actores privados a la actividad económica extractiva, con la Ronda Uno “se entregaron 38 áreas a través de contratos a 33 consorcios en los que participaron 48 empresas”.
El investigador del sector energético y coautor del anuario, Omar Escamilla, calificó de preocupante los historiales de corrupción, violaciones a derechos humanos y degradación ambiental de varias de estas empresas, además de los vínculos que sostienen entre políticos y grandes empresarios.
La infraestructura minera, destaca el anuario, cuyas concesiones son de 50 años, prorrogables otros 50 más, mantiene 25,178 títulos de concesión vigentes “equivalentes a la superficie acumulada de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Aguascalientes y Ciudad de México”.
Dichas concesiones se concentran en los estados de Sonora, Durango, Zacatecas y Jalisco y de ellas, el 65% corresponden a mineras canadienses, añade el anuario.
Resulta contrastante, afirma el documento, que pese a ser una industria próspera los beneficios no se quedan en las comunidades donde están las minas. Para muestra, se señala, el 76% de los municipios donde hay producción de oro tienen niveles de pobreza mayores al promedio nacional y más de la mitad superó el nivel de pobreza extrema. El patrón se repite en la producción de plata.
Sin consulta previa
En materia social se subraya la vulnerabilidad de las comunidades que se oponen a proyectos extractivos. El 14.3% de la superficie contemplada para producción de hidrocarburos corresponde a territorios de pueblos originarios. “Los pueblos indígenas tepehua, huasteco, náhuatl y totonaca verán impactada aproximadamente la mitad de sus territorios”, afirma el anuario.
Las condiciones de violaciones a derechos humanos contra comunidades indígenas y campesinas se agravan por el contexto de violencia vinculadas a megaproyectos autorizados sin el proceso de consulta previa, libre e informada, además del hostigamiento y la criminalización por parte del Estado y empresas en el marco de la defensa del territorio, concluye la documentación.
