Existen más de 5 mil pozos en América Latina, en México más de 3 mil.
Fotos: Alianza Mexicana Contra el Fracking
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 03 de octubre de 2018
Representantes de 126 organizaciones y comunidades de 11 países de Latinoamérica expusieron las violaciones a derechos humanos y los impactos ambientales que genera el fracking ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante el periodo ordinario de sesiones que lleva la corte esta semana en Boulder, Colorado, los denunciantes señalaron que el fracking se ha implementado en la región sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada, vulnerándose derechos de participación, consulta y consentimientos previos.
La relatora especial de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, destacó que la documentación de los impactos expuesta durante la audiencia será clave para la agenda de empresas, derechos humanos y el estándar interamericano que se impulsa en dicha materia.
De acuerdo a datos recopilados por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking en la región existen más de 5 mil pozos, en Argentina hay aproximadamente 2 mil. En México la cifra supera los 3 mil, aunque podrían ser más debido a la opacidad en la información, señaló Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.
“Específicamente en el municipio de Papantla, Veracruz, donde la población pertenece mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica de explotación ha provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesianos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida”, expuso Jiménez.
La abogada Liliana Ávila, de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), denunció que la demanda de agua para el fracking compite con el consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelo y aire afecta el derecho humano al medio ambiente sano y compromete otros derechos como la vida digna.
También se planteó que las mujeres, debido a los roles sociales asignados, sufren desproporcionadamente los impactos de la actividad extractiva debido a los potenciales daños a su salud reproductiva y a la falta de acceso al agua.
La delegación latinoamericana, integrada por representantes de Colombia, Argentina, Chile y México, instó a los Estados adoptar medidas para prevenir violaciones a los derechos humanos generados por esta actividad, así como aplicar el principio de precaución ante posibles daños ambientales.
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