Fonatur y Semarnat anuncian revocación de 3 suspensiones definitivas.
Un juez admitió una ampliación de la demanda de amparo de Greenpeace para el tramo 5 del Tren Maya, con el cual busca que se cumpla con el Acuerdo de Escazú, que obliga a México garantizar el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales.
La ampliación presentada por Greenpeace demanda que se declare la insconstitucionalidad de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Además, pide que se ordene al Congreso de la Unión adecuar dicha ley y reglamento a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú con respecto a los mecanismos de participación informada requeridos en la evaluación de impacto ambiental.
También se demanda que el presidente Andrés Manuel López Obrador ajuste el mencionado reglamento de la LGEEPA en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Escazú y que se ordenen medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental.
La ampliación busca además que el Acuerdo de Escazú se implemente correctamente en nuestro país. “Estamos ante la oportunidad de que, a un año de su entrada en vigor, podamos cambiar el marco legal y que ello se vea reflejado en una ampliación de derechos para las personas”, señaló la organización.
“Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro”, apuntó Luis Miguel Cano, asesor legal de Greenpeace.
“Puede pensarse que el Tren Maya impactará sólo a la gente que vive en la Península de Yucatán, pero no es así: se impacta a toda una región. La crisis climática no conoce de fronteras”, concluyó el asesor legal.
En otro frente, la organización ambientalista Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) anunció que alista una demanda ante la Fiscalía General de la República por violaciones a las suspensiones de amparo y ante las evidentes devastaciones de la selva provocadas por las obras del Tren Maya.
Esto ocurre en momentos que el Gobierno Federal, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunciaron por separado su beneplácito por la revocación de tres suspensiones definitivas (884/2022, 923/2022 y 1003/2022) por parte del juez Fernando Novelo Pérez.
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