Con despojo buscan gentrificar y turistificar la zona, denuncia asamblea comunitaria chontal.
La asamblea comunitaria chontal de El Coyul, en Oaxaca, denunció la realización de una “asamblea ilegal” de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Oax. S.C, promovida por Rigoberto Cruz Cartas, donde se buscó lotificar y repartir tierras de uso colectivo a través de un mecanismo de tómbola.
De acuerdo a un comunicado firmado por la asamblea comunitaria y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), se trató de una asamblea simulada que viola los estatutos originales de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, constituida hace más de 50 años.
Lo que se busca con dicha maniobra, señalaron, es el despojo de 1, 472 hectáreas de propiedad privada de uso colectivo de habitantes de El Coyul, socios originales y familiares de dicha sociedad agrícola. Pero también forma parte de un fenómeno de gentrificación y turistificación, añadieron.
Denunciaron la participación de tres personajes identificados como Joel Ricardez López, quien pretende adjudicarse el territorio y se ostenta como dueño del proyecto inmobiliario Punta Faro; Alfredo Manuel Mena Alonso, representante legal del primero; y Rigoberto Cruz Cartas, quien “se hace pasar por presidente de una sociedad paralela sin reconocimiento de los verdaderos socios”.
Acusaron que dichos personajes son responsables de un clima de división, hostigamiento y criminalización de los habitantes, razón por la cual existen sentencia contra 21 integrantes originales de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul. Por ello exigieron la absolución y revocación de la sentencia.
Añadieron que la propuesta de lotificar no tiene sustento jurídico ni técnico, pues se basa en una convocatoria espuria, sin quórum legal ni la validación de la asamblea legítima. Además, exigieron a la fiscalía estatal se investigue a dichos personajes por los delitos de usurpación de funciones, falsificación, despojo agravado y daño ambiental.
A las autoridades ambientales, exigieron la suspensión inmediata de cualquier proceso de fraccionamiento, venta o modificación del régimen de propiedad de las tierras, así como medidas cautelares de protección de los ecosistemas de manglares.
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