Sheinbaum propone reformar Ley de Economía Social y Solidaria y Ley General de Cooperativas.
El pasado jueves 13 de marzo la Cámara de Diputados recibió un paquete de iniciativas en materia de adquisiciones y obras públicas, que reforman la Ley de Economía Social y Solidaria y la Ley General de Sociedades Cooperativas, con la finalidad de darle un matiz social a las contrataciones públicas y combatir la corrupción, según se lee en el decreto.
En dicha iniciativa, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se plantea establecer condiciones favorables a las cooperativas para ser proveedores del gobierno, sin embargo advierte que para ser sujetos de fomento y apoyo se deberá implementar una certificación para cooperativas y demás organismos del sector social en cuanto a valores, principios y prácticas.
La certificación será emitida por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) que a su vez será encargado de certificar los actos subsecuentes e inscribirlas en un Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas, así como en el Registro Público del Comercio.
Además, quita las atribuciones a notarios públicos, corredores públicos, presidentes municipales y demás órganos político administrativos la posibilidad de acreditar los actos cooperativos.
Iniciativa vertical, pero con cosas “buenas”
Consultado al respecto, el académico Juan José Rojas Herrera señaló que “viene de arriba para abajo, el método clásico de presentar las iniciativas sin consultar a nadie”. Añade que al venir firmada por la presidenta Sheinbaum y Morena tener la mayoría en el Congreso, da por hecho que será aprobada.
Sostiene que “en el fondo lo que están buscando es posicionar al INAES en el escenario nacional, o reposicionarlo”. Al recordar el decreto sobre simplificación administrativa presentado por el entonces presidente López Obrador el 18 de abril de 2023, que incluía la desaparición de organismos autónomos y degradaba al INAES, Rojas Herrera interpreta como buena noticia que dicho decreto ya se olvidó.
Certificaciones podrían ser discriminatorias
El experto en cooperativismo y economía social dijo no estar de acuerdo con el planteamiento de la certificación, pues “al ser obligatorio para acceder a las adquisiciones, cosa que no tiene la iniciativa privada, podría ser discriminatorio, algo que es anticonstitucional”.
Añadió que las certificaciones han respondido a otras distinciones como de mercado justo, para reconocer prácticas agroecológicas, para la exportación o para medir cuestiones técnicas como potencialidades de producción, pero además, las certificaciones se han manejado por organismos no gubernamentales o internacionales.
“Aquí el asunto sí es gubernamental, hay que ir al INAES sí o sí. No solamente las cooperativas, sino que incluye a todos los organismos de la economía social solidaria”, enfatiza.
Mejorar la iniciativa
El investigador plantea que al no existir verdaderos espacios de interlocución entre el movimiento cooperativo y el Estado, se esperaría una reacción limitada del cooperativismo, cada grupo por su lado, “con pocos espacios de diálogo, pero hay que buscarlos y ver cómo se mejora la iniciativa”.
Propone la posibilidad de incluir “un paquete más amplio que incluyera temas de capacitaciones, temas fiscales, asistencia técnica”, de tal manera que las cooperativas de base y no solamente las más grandes puedan aprovechar.
Algo que el investigador mira con agrado es que la iniciativa anuncia que se promoverá que varias cooperativas participen en un sistema productivo o en cadenas productivas, incluso se abre la posibilidad de conectar con empresas privadas que tengan vínculos en territorio o con operadores de la economía social y solidaria con un trato preferencial.
Apunta que ante la ausencia del Estado durante varias décadas con respecto a la economía social, “creo que es la primera modificación realmente consistente, que merece la pena detenerse en ella y prepararse para aprovecharla desde el movimiento cooperativo”.
Consulta el decreto de la iniciativa aquí.
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